El fastuoso andar de la crisis continúa removiendo los fundamentos mismos de la organización institucional y el modelo dominante de división del trabajo y acumulación. Es ocioso detallar la profundidad de la crisis. Tampoco es necesario repasar el desencadenamiento de los últimos hechos y datos. Ahora importa intentar simular las salidas, el aterrizaje de esta convulsión a un escenario nuevo. La tarea es esencialmente difícil para el pensamiento de alternativa. Y es difícil, muy difícil ensayar hipótesis que comprendan alternativas que tengan en cuenta la propia acomodación de un pequeño país como Uruguay en ese nuevo escenario. Entre otras cosas porque esa nueva articulación no será automática, sino que dependerá mucho de las tareas que estemos en condiciones de realizar preparándonos para estar allí, en el bando de los ganadores, una vez advenga un nuevo período de estabilidad.
El progresismo está teniendo poco tiempo para pensar. Hay en su entorno y dirigencia una hiperactividad vinculada a las tareas de la inclusión y al relacionamiento institucional del gobierno, la fuerza política y las organizaciones sociales; sus cuadros utiliza una cantidad enorme de tiempo en aprendizajes y experiencias. Lo cual, más allá de suponer una inversión imprescindible en calificación, compone también la dificultad de tener que entronizar el pensamiento de los principios originales de la izquierda, con esa experiencia, en clave de acomodación a los nuevos escenarios. Es sumamente difícil en tanto armar ese pensamiento propio acerca de cómo Uruguay pudiera, eventualmente, utilizar sus ventajas y activos, en esa acomodación al tiempo que vendrá.
Empero, no hay mucho tiempo para eufemismos y abstracciones excesivas. Tampoco hay posibilidades de equivocarse excesivamente en ese ejercicio de construir alternativas. El actual es un tiempo de urgencias pero, esencialmente, es un buen tiempo para ejercitar la reflexión serena y metódica, partiendo de un presupuesto optimista: Uruguay es un país cuya solvencia institucional lo diferencia expresivamente del resto de los emergentes. Esta diferenciación no es simple de ser observada y justipreciada. No la mide un simple diferencial de tasa leído mecánicamente en los indicadores de riesgo país. No alcanzan tampoco a tales efectos saber que en el último trimestre los depósitos en el sistema financiero local han aumentado U$S 375 millones cuando la fuga de capitales de la periferia es una constante diaria. Uruguay no puede salir en este momento al mercado internacional del crédito privado porque, aunque éste continuara existiendo en su conformación tradicional, el país no lo necesita. Pero si ello fuera posible y conveniente financieramente, sería una extraordinaria oportunidad de demostrar en los prospectos y calificaciones honestas como un pequeño país sin investment grade, puede ostentar tales equilibrios en el marco del actual vendaval.
De allí importa extraer un elemento importante para trabajar en ese pensamiento de alternativa. La confianza pública es un valor principal que los gobiernos deben acumular y utilizar cuando existe. Esa cuenta es principal y sus resultados deben ser mejor indicados. Es entendible que el gobierno no intente utilizar afuera ese diferencial organizando por ejemplo, alguna conferencia paralela a las asiduas reuniones de discusión económica internacional, como las que anteceden en estos días a la asamblea anual del FMI y BM que comienza la semana próxima en Washington.
Pero explicar sin griterías ni alharacas electorales internamente ese diferencial es, también, abrirle paso a una discusión mayor que nos debemos acerca de cómo consolidar y asegurar la inclusión creciente sin obstaculizar la articulación de un país abierto al mundo, fuerte en sus disciplinas y el respeto social de sus instituciones. Desde esa razón optimista es posible reconstruir el pensamiento y rearmar una agenda nacional muy ambiciosa capaz de reubicar al pequeño Uruguay en las ligas mayores.
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