No somos todos culpables

El presidente Jorge Batlle, nuevamente, al hablar del tema de los desaparecidos, sostuvo que no es hora de castigar a nadie, porque «todos fuimos culpables», agregando que no haberse resuelto el tema todavía, es «como una espina en el pie» para el país.

Cuánta ligereza hay en esas afirmaciones, quizás impensadas, del primer mandatario y cuánta incompresión sobre lo que en realidad ocurrió en este país. Todos sabemos muy bien que cuando las Fuerzas Armadas acompañaron al presidente Juan María Bordaberry en su violación constitucional, en este país no existía ninguna guerra interna, ya que la guerrilla urbana había sido desarticulada por las Fuerzas Conjuntas tiempo antes.

Lo que se desató en el país fue una de las consecuencias de la Doctrina de la Seguridad Nacional, ideada en el Pentágono y aplicada –sin miramientos– en la mayoría de los países del cono sur americano. Allí, los golpistas metidos a gobernantes y los uniformados, iniciaron una cacería implacable aplicándose una política tiránica como pocas. Aquí se dividió a la población entre adictos y réprobos, se les asignó a los opositores el mote de subversivos y se concretó una represión implacable.

Fue el fascismo, con toda su metodología, el que se puso en marcha. Lo que ahora hay que dilucidar es si quienes cometieron delitos comunes, aberrantes, como la tortura, la persecución, el robo de bienes (cuyo castigo fue desarticulado por la Ley de Caducidad) no son pasibles de una censura pública. De ello no somos todos culpables, como afirma alegremente Batlle. Pero menos lo somos de los delitos que aun se siguen cometiendo, los que no ampara la referida ley, como la desaparición de personas o el asesinato. ¿Por qué dice Batlle que de ello también todos somos culpables?

Todos deberíamos tomar plena conciencia de lo que ocurrió en este país con la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que puso en marcha el abominable «Plan Cóndor», con el cual se coordinó la tortura y la ejecución de opositores políticos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Por un lado están los golpistas que pusieron en marcha, con las Fuerzas Armadas como instrumento, el más descarnado «terrorismo de Estado».

Por el otro una población que pudo sobrevivir, no sin sobresaltos y dramas familiares de todo tipo (detenciones, torturas, exilio, desapariciones, asesinatos y, su correlato, de miseria y desocupación). Digamos de paso que todavía no llegó al Parlamento el proyecto de ley que ampara previsionalmente a ex presos, exiliados y perseguidos políticos y sociales.

Lo que habría que dilucidar hoy es si todo ese período se considerará en blanco para todos, sin responsabilidades ni castigos. Los fascistas de la época pudieron destrozar a cientos de miles de familias, persiguiendo a los opositores, universalizando la tortura como método de amedrentamiento, asesinando, tratando de aplicar medidas oscurantistas (recordemos la prohibición del uso de la minifalda y la imposición de que el pelo, en el caso de los varones, superara el cuello de la camisa).

¿Por qué el doctor Batlle, que debe recordar todas esas aberraciones, afirma que todos somos culpables? Ello no es verdad y sostenerlo así por la primera investidura del país no es un hecho para nada gracioso.

Más bien es trágico.