En defensa de la soberanía

Existe un conjunto de acontecimientos mundiales, que parecerían aislados entre sí, pero que ocultan factores que guardan sutiles conexiones.

Sin embargo, con un poco de imaginación, se puede desnudar la recurrente receta de angustiados actores económicos y políticos transnacionales, argumentando la lucha por la libertad, democracia y derechos humanos.

Recientemente, el 18 de setiembre, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), emitió un informe titulado «Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela», cuyo objetivo es lanzar infundadas acusaciones sobre los derechos humanos contra el gobierno de nuestro país.

Esta Organización No Gubernamental ha mostrado una ceguedad muy reiterada frente a las maniobras económicas y políticas que se ejecutan en muchos países latinoamericanos, donde sectores poderosos, con vínculos internacionales, pretenden controlar las decisiones en favor de las élites y en contra de la mayoría de la población.

Los pobres de la tierra en Latinoamérica nunca han conocido lo que se supone es la gestión de Human Rights Watch como defensora de los derechos fundamentales de la gente: alimentación, salud, educación, cultura, deporte. Por el contrario, en el caso de Venezuela, sólo ha aparecido para torpedear la labor de transformación política, económica, social y cultural que emprende el gobierno bolivariano encabezado por el presidente Hugo Chávez.

El mencionado informe de suyo ya constituye una provocación pero, según la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, magistrada Luisa Estela Díaz, está lleno de inexactitudes, por lo que dicho informe «no reviste una seriedad y una profundidad de investigación como para darle importancia».

El documento contiene casi 300 páginas dedicadas a descalificar y mentir sobre el presidente Chávez y el gobierno bolivariano, fue presentado en un momento que no pudo ser más oportuno, pues las autoridades venezolanas estaban develando un intento de golpe de Estado con magnicidio y además como preludio al próximo proceso electoral para escoger gobernadores y alcaldes.

También se emite este informe justo cuando Evo Morales recibe el apoyo irrestricto del presidente venezolano, como consecuencia del asedio hecho por anarquistas separatistas de derecha, provocando la muerte de unas 30 personas. Por cierto, ante estos acontecimientos, los representantes de esta ONG se muestran ambiguos y tibios en su declaración sobre la matanza de seguidores del presidente boliviano por bandas terroristas.

Ante esta provocación nuestro gobierno decidió expulsar a los dos representantes de esta ONG, por cuanto violentaron la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agredieron a las instituciones de la democracia venezolana y se inmiscuyeron ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país.

Con base en los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, nuestro gobierno declaró lo siguiente: «… es nuestra obligación hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los derechos humanos, despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo».