Ayudando al enemigo

Con su pretendida imparcialidad en materia de derechos humanos, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) se encuentra hoy en franco camino hacia la desestabilización en Venezuela. Como si intentara sumar puntos a su expediente contra los proyectos progresistas en América Latina, directivos de HRW protagonizaron, en Caracas, un episodio abiertamente provocador contra la institucionalidad en el país sudamericano. De inmediato las autoridades venezolanas decidieron expulsar al director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, y su colaborador Daniel Wilkinson por realizar campaña política violando sus status de turistas.

Ambos divulgaron un informe de 300 páginas, «Una década de Chávez», con el propósito de validar acusaciones repetidas hasta el cansancio por la Casa Blanca y en el que aseguraron que la institucionalidad había retrocedido. Con la presentación del documento, el Observatorio ­surgido en 1978 para desestabilizar a la entonces Unión Soviética en tiempos de guerra fría­ puso al descubierto que no es más que uno de los tantos apéndices de la injerencia estadounidense. Su etapa de mayor influencia fue entre 1991 y 1995 cuando fue promotora y defensora de la guerra de Yugoslavia que terminó con la fragmentación de ese país. Entre los directivos de HRW se encuentran ex funcionarios diplomáticos y legisladores norteamericanos, miembros de equipos de propaganda anti-soviética durante la guerra fría, ex funcionarios de inteligencia, grandes empresarios, pero muy pocos militantes del movimiento de derechos humanos. Su principal financista es el multimillonario norteamericano de origen húngaro George Soros, a quien se relaciona con movilizaciones masivas de recursos que provocaron la crisis financiera en México de los años 90. Pero la principal obsesión de HRW en los últimos años, sin dudas, lo ha sido Venezuela. Al principio intentó convertirse en analista objetiva del proceso de cambios que vive el país desde la toma de posesión de Chávez en 1999. Durante el golpe de Estado contra el mandatario venezolano en abril de 2002, al Observatorio de Derechos Humanos comenzó a caérsele su careta. Pero un año después ya no pudo ocultar sus intenciones contrarias al gobierno. Si revisamos la actuación de esta organización, vemos que dos meses antes del golpe hicieron un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que interviniera en Venezuela, tal como lo volvió a recordar el ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra.

Al año siguiente, continuó, y desató una campaña feroz contra la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión siguiendo las órdenes y la línea política del Departamento de Estado del presidente Bush. El gobierno venezolano está decidido, con el apoyo de la latinoamérica progresista, a defender la dignidad de ese pueblo, a proteger los intereses del país y a no permitir una nueva estrategia de desestabilización, en la cual HRW es una herramienta activa. Vivanco, hoy un defensor a ultranza de sus derechos humanos, fue funcionario diplomático de la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1986 y 1989, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al llegar la democracia a Chile, en 1990, se desvinculó de la función diplomática y fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Washington. Desde setiembre de 1994 se desempeña en su cargo de Human Rights Watch desde donde ha sido un feroz opositor a todo lo que huela a progresista en la región. Curiosamente, la expulsión de este personaje y su ayudante, generó airadas protestas de diversos sectores gubernamentales y parlamentarios en Chile, lo que reforzó la idea de que era parte de la campaña internacional contra el proceso revolucionario de Venezuela. La respuesta de la mayoría de los venezolanos, en cambio, fue de apoyo incondicional al gobierno que vio como los caraqueños se movilizaron para respaldarlo, una vez más movilizados en las calles, para impedir que desde el extranjero se quiera frenar el camino revolucionario.