Transporte conflictivo

Afortunadamente para los ciudadanos de a pie se levantó el paro de transporte urbano previsto para hoy desde las 5 de la tarde. Se levantó el paro, pero no el conflicto.

Hay sí un preacuerdo entre los sectores suburbanos e interdepartamentales. Se espera con expectativa la reunión del lunes con el sector urbano por la firma de un nuevo convenio.

Los transportistas de carga, por su parte, después de cuatro días de huelga y de piquetes bloqueando el acceso al puerto de Montevideo, llegaron a un preacuerdo que permitió levantar provisoriamente la medida extrema. Alivio de exportadores y del gobierno.

Ambos conflictos se deben a una posición intransigente de las patronales de ambas ramas del transporte. Desde que el gobierno actual reinstauró los Consejos de Salarios, es la primera vez que las negociaciones entran en un impasse. El problema no se da sólo en este grupo de actividad, puesto que son varios los grupos cuyas negociaciones se hallan empantanadas como consecuencia de la actitud de los empresarios, renuentes a acordar los porcentajes de aumento salarial y otros temas vinculados con la relación laboral.

La respuesta de los sindicatos es lógica. No tienen otra arma para presionar a los patrones que la detención de tareas.

El gobierno, por su parte, a través del MTSS, está actuando con su diligencia habitual y con su también habitual voluntad negociadora y dialoguista. Tanto el ministro Bonomi como el director de Trabajo, Julio Baráibar, han demostrado excelentes condiciones para terciar en los numerosos conflictos que se han desatado en la esfera pública y en la privada. Con una inocultable disposición a revertir lo que fue la práctica habitual de las anteriores administraciones, velan por los derechos de los asalariados aunque sin caer en un «obrerismo» facilongo y demagógico. El MTSS ha observado un comportamiento intachable logrando un justo equilibrio entre los intereses de una y otra clases.

Decíamos más arriba que los sindicatos no tienen otra forma de presionar a las patronales intransigentes que la huelga. No obstante, tenemos la impresión de que luego de la asunción del gobierno actual, algunos dirigentes sindicales han interpretado la postura de justo equilibrio de las autoridades como si fuera una luz verde para llevar adelante planteos exagerados usando medios extremos. Esto se ha hecho patente en el conflicto entre Adeom y la IMM, conflicto que se ha vuelto paradigmático respecto de lo que es un desborde sindical ante un gobierno progresista. Pero en general todos los gremios, sobre todo los públicos, parecen movidos por el impulso de reclamar y exigir más beneficios sabiendo que un gobierno de izquierda no va a recurrir a medidas represivas y que ha asumido un compromiso de mejorar las condiciones de vida de los asalariados.

Ese entusiasmo reivindicativo suele caer en excesos. La huelga es un derecho consagrado en la Constitución; eso nadie lo niega. Pero ¿es legítimo, como medida complementaria al paro decretado, establecer un bloqueo al acceso al puerto de Montevideo? Suele responderse a este cuestionamiento que tal es la forma de evitar las «carnereadas» e impedir la acción de eventuales rompehuelgas. Pero habría que preguntar a esos dirigentes exaltados por qué temen tanto que fracase su paro. Y la respuesta ­que jamás darán­ podría estar en que la medida de huelga fue tomada por una minoría de trabajadores y que por tanto no cuenta con el respaldo masivo de todo el gremio. El país no está viviendo una situación de emergencia ni una realidad prerrevolucionaria como para que los trabajadores adopten medidas extremas. Hay que preservar la libertad de trabajo, respetar la discrepancia y convivir civilizadamente. Y a los patronos, que no bombardeen las negociaciones en los Consejos de Salarios y que tengan una actitud menos arrogante y más comprensiva hacia los asalariados y hacia un gobierno que está llevando a cabo transformaciones fundamentales que redundarán en beneficio de toda la sociedad.