La oposición insiste en su manía interpelativa

La semana pasada tuvo lugar otra interpelación más (y van…) promovida por los partidos del llano. A impulsos del Partido Nacional, y con el voto solidario de su rival tradicional, dos ministros debieron comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre la asociación de Pluna, su gestión y sus negocios.

El mecanismo constitucional de la interpelación –previsto en todos los regímenes democráticos– forma parte de la esencia del sistema republicano por cuanto consagra el control que el Parlamento debe ejercer sobre el Ejecutivo. Desde que Montesquieu estableció el principio de la separación de los poderes, el Legislativo tuvo entre sus atribuciones no solamente la de legislar, esto es, elaborar las leyes que han de regir a la sociedad, sino también –y no es atribución menor– la de controlar al gobierno. No en vano se ha dicho que el Parlamento tiene «la sagrada misión de desconfiar».

Pero lo interesante de este mecanismo democrático es que puede ser el principio que desencadene una censura al ministro interpelado y la consiguiente obligación de renunciar al cargo. Al respecto, cabe recordar instancias célebres en los años sesenta y comienzos de los setenta, en que tribunos de la talla de Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate promovían interpelaciones a ciertos ministros de Pacheco Areco que por lo general concluían en la caída del secretario de Estado interpelado.

Cierto es que en aquellos tiempos el gobierno no contaba con mayorías sólidas en el Parlamento; incluso después del fin de la dictadura, si bien los blancos aseguraron gobernabilidad a las administraciones de Sanguinetti y Batlle, y el gobierno de Lacalle también contó con el voto de legisladores colorados, ningún partido había logrado el respaldo parlamentario de que goza el Frente Amplio. Esta circunstancia hace que –salvo casos excepcionales que todavía no se han dado– las interpelaciones promovidas por la oposición estén condenadas de antemano al fracaso, pues toda moción de censura o de explicaciones insatisfactorias no contará con los votos necesarios.

Así las cosas, las interpelaciones o llamados a sala sólo hallan justificación en la medida en que sirven para que la oposición exprese su punto de vista, el gobierno responda, y todo ese debate sea divulgado por los medios. Es la forma de polemizar, con el objeto inocultable, de dejar mal parado al gobierno. Por eso cuando el oficialismo señalaba que la interpelación promovida recientemente perseguía fines electorales, no era una acusación vana, sino simplemente la constatación de un hecho incontrastable.

La interpelación o el llamado a sala son, pues, mecanismos perfectamente lícitos del funcionamiento del sistema democrático; de lo único que puede dudarse es de la legitimidad de apelar a ese recurso cuando ya la campaña electoral está a punto de largar, y cuando la información requerida por la oposición referida a Pluna y su gestión había sido brindada en otras instancias parlamentarias y no parlamentarias ante inquietudes formuladas por los partidos del llano. No había, objetivamente, cuestionamientos jurídicos o éticos; no estaba en tela de juicio la honradez de los ministros respectivos ni de los jerarcas de Pluna ente autónomo. El único interés de la oposición era el de demostrar negligencia u omisión en el proceso de asociación y en la gestión de la aerolínea.

Reiteramos nuestra profunda convicción de que se trata de un mecanismo perfectamente lícito, y entendemos que la oposición está en todo su derecho de ejercitar la función de contralor. Pero lo que censuramos es esa suerte de circo montado con el único propósito de escandalizar a la población. Una jornada agotadora, que podría haber sido usada en el estudio de proyectos de ley, sólo sirvió para distraer momentáneamente al ciudadano común de los verdaderos problemas del país.