Distribuyendo tierra del Estado para preservar el trabajo rural

En el mes de junio del año 2007, en la media hora previa de la Cámara de Representantes, hacíamos referencia a cómo en el pasado se utilizaban, en Uruguay, mecanismos que no eran los más apropiados -entre otras cosas- para otorgar tierras del Instituto Nacional de Colonización.

En esa sesión, con fichas que habíamos conseguido, que todavía tenemos en nuestro poder, logramos demostrar cómo en la década del 90 (sólo de esos años eran las fechas de las tarjetas) se entregaban tierras a partir de una firma que ponía alguien «influyente» que recomendaba a otra persona para usufructuar un bien que era propiedad del Instituto Nacional de Colonización.

De esa manera, pudimos describir cómo los casos más absurdos se habían presentado: desde gente que quería una explotación de 50 o 60 hectáreas para criar nutrias o visones, o con la sugerencia de ex legisladores, diputados, senadores o presidentes solicitaban un mecanismo para dar algún campito, para echar una mano a algún amigo.

Eso pasó durante decenas de años en este país, y en este caso concreto pudimos probar y comprobar de qué manera absurda se infringía la Ley 11.029, que fue la que creó el INC. Esa ley establece claramente quiénes debe ser colonos y para qué el Estado compra tierras. Porque en realidad, hoy ya no hay más discusión en el sentido de que el Instituto Nacional de Colonización el papel central que juega en la tierra y en la producción agropecuaria es indiscutible. Sobre todo para que determinados conciudadanos que tienen una visión de trabajo rural, que nacieron y se criaron en el campo, puedan acceder a la tierra, siendo aspirantes a colonos, y que con su trabajo paguen por la tierra una renta menor a la del mercado, como única forma de que puedan seguir viviendo en el campo.

Para eso se creó el Instituto Nacional de Colonización, y por eso peleamos en las décadas anteriores, y en los años anteriores a este gobierno, para que el INC no lo borraran del mapa. E hicieron todos los esfuerzos para borrarlo, lo dejaron sin recursos, entregaron tierras a gente que no tenía el perfil para ser colonos, hasta llegaron a presentar un proyecto de ley para que el INC no existiera más; así y todo no pudieron.

Hoy, a tres años de una nueva administración que empezó a darle un nuevo rumbo a este instituto, a un año de esas denuncias públicas que realizamos, podemos decir a los cuatro vientos que este Instituto de Colonización -enmarcado en las políticas agropecuarias que está llevando adelante este gobierno- está generando un rumbo muy diferente.

En estos días se logró concretar el traspaso de 43.000 hectáreas. El lunes 15 de setiembre se sumaron las últimas 16.000 hectáreas en un convenio que se firmó en el stand del Banco de Seguros del Estado en el predio de la Expo Prado, y a su vez se compraron 5.000 hectáreas donde se prevé la instalación de una Colonia lechera en Florida.

Esto se suma a los mecanismos que se emplean para entregar tierra y quiénes son los beneficiados. No hace mucho se traspasaron a 27 familias, 1.400 hectáreas del campo de Arerunguá, en el departamento de Salto, en la estancia que fue de Artigas. En estos tres años hay 230 nuevas familias afincadas en tierras entregadas por el INC con mecanismos diferentes. Ninguno presentó tarjetas con «padrinos» políticos. Recibieron tierras porque concursaron, demostraron tener el mejor proyecto o se presentaron en una propuesta de trabajo colectivo y reunían el perfil que exige la ley para ser tenidos en cuenta como aspirantes a colonos.

Esto está generando un instituto saneado, con recursos genuinos y que enfrenta esta nueva situación de la tierra que tenemos de otra manera. En este caso hay un ejemplo concreto de que se pueden hacer las cosas diferentes teniendo a la gente como objetivo central.