"La manipulación de la verdad"

Con este título, la prestigiosa Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) ha difundido, con fecha 10 de enero, un polémico artículo del Sr. Alberto Espinoza Pino, abogado chileno defensor de los derechos humanos.

La nota del jurista chileno se remite a las condiciones en que se están difundiendo en ese país las noticias referidas a los asesinatos perpetrados durante la dictadura de Pinochet, de acuerdo a las conclusiones de la Mesa de Diálogo instalada el pasado año en Santiago.

Para Espinosa la información difundida carece de consistencia, no aporta elementos nuevos, no tiene coherencia ni materialidad.

Se trata, intentemos otear esto desde nuestro modesto atalaya uruguayo, de unas informaciones que remiten a hechos colectivos y fueron hechas a través de comunicaciones públicas.

El criterio parece más que descontado.

Cualquier otro tratamiento de una situación de esta naturaleza es un despropósito que solo puede conducir a enredos dolorosos y conclusiones descabelladas.

El manejo secreto de los datos que se obtienen en la búsqueda de antecedentes sobre los desaparecidos es la continuación de las prácticas desarrolladas durante el período en que justamente se llevaron adelante esas desapariciones.

La ley del silencio, institución reñida con un sistema mínimo de garantías para el ejercicio de los derechos civiles, ha sido y es la garantía de la impunidad.

La controversia desatada hace apenas unas horas en nuestro país acerca del manejo de determinada información es de una naturaleza tal que desborda toda capacidad de sorpresa.

Se siente que, cuando el Estado ha definido su «razón», es decir, su forma de «ordenar la realidad» no de acuerdo a los hechos sino de acuerdo al discurso estatal, en ese momento todos los adscritos a esa función, cualquiera sea la naturaleza de su investidura, tienen que cumplir su papel. Y desfilar como el Estado manda, con el plumero que le pongan.

En menoscabo de lo que sea.

Así de fuerte y compulsiva es «la razón de estado».

Hay que hacer «lo políticamente correcto» aunque los jirones queden por el camino: la razón de Estado no se detiene en delicadezas.

El que la obedece y opera a su favor puede sufrir algunos sobresaltos pasajeros, (no siempre el rostro está preparado), pero a la larga puede dormir tranquilo.

El poder se encargará, de un modo u otro, para que los hechos «encajen», aunque sea a fórceps, en su lógica. Aunque no hayan existido, aunque, de haber existido, resulten absurdos y grotescos.

Para hacer tragar esa gragea está el oligopolio mediático, aliado estable y firme del poder.

En ese contexto, razón les asiste a los familiares de detenidos desaparecidos cuando se dirigen a la Comisión para la Paz señalando su aspiración de que la información reunida sea entregada a través de un informe único y no parcialmente y en distintas oportunidades, según el curso de los acontecimientos.

No estamos de acuerdo en que se difunda la información de esta forma. Conspira contra los nobles objetivos propuestos. Tampoco tiene precedentes.

Nadie podría imaginar el «informe Rettig», que se hizo público en Chile durante la presidencia de Patricio Alwyn hace casi diez años, ni el Informe Sábato, publicado en Argentina en 1984, tramitado como una sucesión de informaciones trasmitida «en secreto» a los familiares de las víctimas.