Sobre la Reforma del Estado

Es indispensable que, en el menor tiempo posible, la obtención efectiva de un Estado Social y Democrático de Derecho, sin lo cual, el actual proceso democratizador, se puede estancar o retroceder en el mediano plazo. El Estado tiene que conjugar su responsabilidad civil, penal, administrativa y política, con los Derechos Civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, donde haya tanto privado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Sobre esto último, la soberanía nacional y popular exige que el Estado controle sectores tales como los de energía (UTE, Ancap) y los de Servicio como el OSE y transportes como AFE. Paralelamente, y que el poder económico exige «competencia», el Estado puede y debe transitar sobre, por ejemplo, dos sectores claves para liquidar pobrezas existentes por el abuso del comercio: 1) un frigorífico y 2) otro ente, como testigo de precios que evite grandes inflaciones sobre los artículos de primera necesidad de la población.

Siendo lo anterior una necesidad, sentida sobre lo real (en esto no hay inventos trasnochados), el Estado tiene que ser subsidiario. Este principio no puede ser precario y/o defensivo, mucho menos de abstención, sino que debe ser la capacidad suficiente y oportuna de cuidado de las personas, una intervención cerca y lo más directamente vinculadas a los problemas, a las urgencias y a las soluciones impostergables en las que se juega, no sólo ya la subsistencia, sino la vida misma.

Se debe considerar que la pobreza no es un accidente social, sino que es, en definitiva y claramente, el resultado del acaparamiento del ingreso y del poder económico y político de los sectores que han acumulado desmedidamente capital, consumo y bienestar de lujo. Sabemos qué es lo que se quiere decir cuando se habla de «combatir la pobreza, pero lo correcto sería hacerlo como: la necesidad de luchar contra los mecanismos que hacen a la concentración de la riqueza y por la justa distribución de la producción social de la riqueza. La riqueza la crea, la genera, la sociedad en su conjunto.

Un Estado democrático, para ser tal, debe jugar ese papel hacia la justicia social. Debe poseer un alto grado de eficacia, por lo que tendrá que accionar para desburocratizar, facilitar, evitar duplicaciones de competencias entre sus órganos y generar suficientes mecanismos de control para la gestión por parte de la ciudadanía, permitiendo aumentar su transparencia para el mejoramiento sistemático de la gestión estatal hacia una nueva cultura administrativa, que tenga como eje, estar al servicio de las personas, de todas las personas.

Mucho se ha hablado y se habla de Estado de Derecho, pero seguimos visualizando carencias en la práctica porque, para nosotros, la ecuación debiera ser Estado Social y Democrático de Derecho (concepto que debiera ser Constitucional), para luego sí poder afirmar (si todo se cumple) que accionamos, que vivimos en el marco de la Constitución y las leyes, que sea una expresión auténtica de la voluntad popular.

Para ello se necesita un Estado descentralizado, algo se está haciendo, como vía de democratizar el poder y de traspaso para que la decisión política se ejerza también en lo regional y local, evitando, desde sus comienzos, la burocratización y erradicándola si existe, en las tímidas experiencias existentes.

Precisamos para ello un Poder Legislativo y Ejecutivo no eficientistas, pero sí eficientes y un Poder Judicial fuerte e independiente, además de abierto a las exigencias del cambio social y al pleno respeto de los DDHH en su globalidad, que garantice la seguridad ciudadana en toda su amplitud.

Estamos planteando una nueva síntesis entre Estado, mercado o sociedad y una nueva cultura de participación y de trabajo, que va hacia ejercer el derecho a la información, discusión, decisión, acción compartida en todo aquello a que se llegue a acuerdo y control del pueblo socialmente organizado sobre sus representantes. Es claro que los gobiernos tienen que gobernar, para eso elegimos, el tema es ¿cómo?.

Los gobiernos siempre se han manifestado «que están para gobernar» y es cierto, el tema en discusión es: ¿cómo? Y sin que se olviden que son representantes. Acá otra vez aquello de que: al que no le quepa el sayo que no se lo ponga.

Sabemos que el tema es complejo, pero hacemos sencilla la respuesta: la definimos como la voluntad política para el ejercicio de conducir, que no equivale a mandar ni imponer, sino que, la virtud y capacidad exigible al o a los conductores, es la de convencer o convencerse cuando las razones no son tales.