Entre fascismo y democracia

Es bueno para los uruguayos observar el proceso chileno, lo que está ocurriendo en torno a Augusto Pinochet, que es algo que no importa mucho en lo personal ya que el ex dictador se está hundiendo en un mar irrecuperable de senilidad; ni él mismo debe saber lo que está ocurriendo a su alrededor.

Lo relevante del asunto es algo mucho más importante: los chilenos hoy polemizan, como de alguna manera hacemos los uruguayos, entre los valores de la democracia y el fascismo. En definitiva se discute si los militares y la derecha están habilitados a torturar y asesinar, con el fin de imponer a sangre y fuego una doctrina económica que marginó a una gran parte del pueblo chileno, sin que luego se le pida cuentas de ello.

Los que defienden a Pinochet en Chile pueden haber sido sus cómplices de hecho o los mentores del ramalazo fascista que imperó por tantos anos en el país trasandino. Son los que quieren mantener –obviamente– un juego en que las fuerzas armadas sigan en el papel de gendarmes ante una población que puede reclamar otras cosas a las brindadas por el capitalismo salvaje que imperó en Chile y que, luego, por la acción de los gobiernos democráticos se fue mitigando.

Frente a ellos se debaten los familiares de las víctimas y un pueblo que no admite que lo ocurrido se vuelva a repetir. El debate en el seno de la sociedad chilena es bueno, pues allí se dilucidarán aspectos de lo ocurrido y se abrirán caminos para que se consolide la democracia, la libertad, resplandezca la justicia, y la paz sea una forma de vida que esté en la base misma del desarrollo armónico de ese país.

Las comparaciones con lo ocurrido en Uruguay son obvias. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado evitó que los fascistas que también torturaron y asesinaron, fueran a la cárcel por los delitos cometidos en su camino mesiánico. Y aquí estuvieron los mentores de todo aquello, que todos sabemos quiénes son, y que siguen tratando de mantener a las Fuerzas Armadas intactas, como reaseguro del mantenimiento de los privilegios de unos pocos.

Sin embargo –debemos reconocerlo– el presidente Batlle puso en marcha la comisión que investiga las desapariciones de personas durante el gobierno de facto que, obviamente, debe luchar contra el ocultamiento, la tarea de anos de borrar pruebas que realizaron algunos bien mandados, todo ello apanado por los distintos gobiernos que tuvieron forma democrática.

Por eso este período no puede ser calificado de otra manera que de transición. Pasará el tiempo, quizás los gobiernos, pero hasta que no se sepa la verdad de todo lo ocurrido y, de alguna manera, se sancione a aquellos fascistas que cometieron los más flagrantes delitos, no terminará nunca la lucha entre el fascismo y la democracia.