Terrorismo de Estado: de lo que no se habla

Entre los muchos horrores dejados por la dictadura, la desaparición de Elena Quinteros se convirtió –junto a otros casos emblemáticos– en una especie de triste paradigma del modus operandi al que recurrieron sistemáticamente los ‘salvadores de la patria’. La peripecia vivida por Elena reunió, como en un compendio, toda la vesanía de que fueron capaces los ejecutores materiales del terrorismo de Estado: detención ilegal sin dar intervención a la Justicia (ni siquiera a la castrense); malos tratos, apremios físicos –«rigor en los interrogatorios» como solía decir impúdicamente el presidente motinero– y todos los eufemismos a que se suele apelar para evitar vocablos tan inconvenientes como torturas, vejaciones, golpes, picana eléctrica, submarino en sus dos versiones, abusos sexuales y todo lo que la imaginación más morbosa y enfermiza pueda evocar; secuestro desde una sede diplomática extranjera, desaparición, y finalmente, el silencio oficial absoluto sobre la suerte corrida por la víctima. Un cúmulo de delitos tipificados por la Ley Penal y especialmente rechazados por los cánones de una moral media. Una convergencia siniestra de atentados a los derechos humanos que repugna a cualquier espíritu medianamente sensible. Una suma de acciones perversas que degradan a sus autores y cómplices. Una práctica atroz que se intentaba justificar como único medio para lograr la desarticulación de supuestos grupos guerrilleros pero que, además, devino una especie de surplus del castigo impuesto por los jueces militares. La privación de libertad –ilegal e inconstitucional– no parecía suficiente, y los esbirros seguían aplicando por su cuenta los padecimientos (físicos y psíquicos) aun cuando tuvieran la certeza de que no obtendrían más información, como forma de colaboración espontánea y desinteresada a la causa de destruir al opositor.

Un trabajo de la psicóloga argentina Nancy Caro Hollander aborda el tema de la tortura y en él analiza las circunstancias y las consecuencias de esa práctica brutal. En ese trabajo, la autora cita al psiquiatra uruguayo Marcelo Vinar: «La intensidad del dolor físico, la desorientación –oscuridad, cabeza encapuchada– y la ruptura de todo vínculo con la vida familiar y con el mundo de los afectos produce sensación de agonía, abandono a merced del torturador, que ejerce su poderío para hacer desaparecer todos los aspectos del mundo que van más allá de la experiencia del momento vivido. A esto damos el nombre de demolición psíquica». La autora sostiene que al no tener posibilidad de reaccionar agresivamente, a menudo los impulsos agresivos se dirigen contra la propia persona, y agrega: «Tal como ocurrió en la Alemania nazi, el terrorismo de Estado en América Latina muy a menudo logró la completa regresión psicológica de la víctima, de modo que entre el torturador y el torturado se producía una relación patológicamente simbiótica».

La Comisión para la Paz deberá indagar a fondo para conocer el destino de los desaparecidos, y todos apoyamos su tarea. Pero la deuda del Estado con la sociedad no queda saldada con lo que la Comisión pueda averiguar. Todos debemos saber qué pasó y no olvidar –como no lo hacen los judíos que recuerdan puntualmente el Holocausto– que el terrorismo de Estado llegó a límites inconcebibles de vesanía.

Porque hay que recordar el pasado y porque hay que legislar contra la tortura y estar alertas para evitarla.