El Estado, el poder, el gobierno y el cambio

En la tarde de hoy seremos informados que la producción generada en el país, durante el segundo trimestre del año, aumentó en el entorno del 8% con relación al mismo trimestre de un año atrás. Es probable que, en el segundo semestre del año, ese ritmo se desacelere, pero al término de 2008 sabremos que el crecimiento habrá rondado el 7%, si nada se derrumba, en al año próximo, el país habrá acumulado un crecimiento de su economía, descontando el efecto precios, superior al 35%. De tal manera, al término de la actual administración, el país estará produciendo un tercio más de lo que producía en el comienzo de la primera experiencia de administración del Estado por una fuerza política de izquierda. Sería vano y dispersante atribuirle a la calidad de la administración la totalidad del éxito y, de igual manera, lo sería suponer que la gestión de la izquierda no ha contribuido grandemente a catalizar y sintetizar positivamente el conjunto de complejos factores cuya suma determina estos resultados.

Situados en este escenario, la responsabilidad de la izquierda apunta a preservar y sustentar lo logrado en el mediano plazo. Nos hemos dado por enterados que el margen de operación política local es cada vez más estrecho, pero por eso mismo, en esa marginalidad en la que actúa la voluntad de las políticas locales, ellas deben ser efectivas. Entre otras cosas, porque este gobierno ha tomado riesgos elevados. En general más elevados de aquellos adoptados cuando las administraciones precedentes debieron afrontar decisiones en las cuales, o no creyeron, o sobre la pertenencia de las cuales no lograron convencer. Una de esas decisiones soberanas, tan imprescindibles como desconsideradas ha sido la transformación del Estado. Ostensiblemente Uruguay es más grande y el gobierno ha tomado esos riesgos explícitos, «directos» de incluir de otra manera y en tiempos más vinculados con las necesidades de una sociedad que se vacía y envejece diariamente.

No es hora de embarcarse en la discusión moral sobre crecimiento e intervención del Estado en la preservación de quienes van siendo desplazados, carentes de cultura y medios para mantenerse a bordo del tren. Pero, en cambio, es posible concordar que, con un Estado grande y flácido conformado históricamente para intervenir en sociedades de producción industrial y cerrada, esos riesgos que adopta el gobierno al aplicar sus políticas sociales son demasiado elevados. Las autoridades han defendido el crecimiento del gasto aceptando que las condiciones sociales y políticas del Uruguay determinan una exigencia moral y una política que, más allá de pequeñas variantes, determinaría para cualquier gobierno la exigencia de enfrentar el clamor de reivindicación y justicia. Este gobierno lo está haciendo de una manera muy particular.

Es cierto. La política de inclusión tal cual ha sido diagramada y ejecutada conlleva ese tipo de riesgos elevados que, vale adelantarlo, están en el linde de comprometer los márgenes de maniobra del gobierno electo en octubre próximo. Desde el punto de vista económico, esos riesgos son leídos en general como problemas derivados de no haberse podido conciliar en la interna frenteamplista una regla fiscal capaz de asegurar el ahorro de una parte del excedente para contingencias adversas de futuro.

Pero encerrarnos en esa discusión, por más que importe, incluso por esa defensa política y moral del gasto que el gobierno deberá mejorar, sería embretarnos en una simplificación de una discusión más compleja: la del poder y sus instituciones. Esa es la discusión previa a cualquier profundización de las políticas y medidas del cambio. Este Estado es obsoleto caro y disfuncional con un gobierno con ambición de cambio. Pero no lo es porque sus funcionarios tengan baja productividad o porque algunos sindicatos capturen una porción mismamente mayor a lo conveniente de su renta monopólica. La izquierda no puede embretarse en la defensa de instituciones construidas para administrar una sociedad de formato victoriano. Por lo contrario necesita cubrir esos riesgos asumidos por su gobierno apelando a instituciones esenciales de los Estados modernos: por ejemplo, la de los reguladores profesionales, integrados por funcionarios que compartan parte del riesgo y asuman sus coberturas con la independencia del juego político menor y de efectos reversibles.