¿"Anular la impunidad, se puede"?

Sinceramente no entiendo cuál es la finalidad de emitir declaraciones ambiguas o contradictorias al emprendimiento de usar la voluntad popular para decidir si se quiere seguir protegiendo a militares y policías delincuentes de la dictadura con la antijurídica y vergonzante Ley de Caducidad, por la cual el Estado renunció -como si pudiera- al derecho a juzgar aberrantes violaciones a los derechos humanos. El que no ayuda que no estorbe. Esos dichos de algunos agentes de gobierno sobre que no se puede anular la ley, poniendo dudas y confusión en la gente dedicada al esfuerzo cívico de juntar firmas que conduzcan a la anulación de la inmoral ley de impunidad que favorece a los militares culpables y a sus secuaces, son una puñalada trapera por decirlo en términos paisanos, pues ponen en jaque a media población movilizada en consonancia con el democrático derecho de ejercer ciudadanía por medio del mecanismo constitucional del plebiscito. ¿A quién le interesa poner escollos a la expresión popular?

Vamos a tener un poco de consideración por el esfuerzo ajeno, por favor. En este caso con las esperanzas de una porción muy grande de país, que no soporta la injusticia y se le revuelven las tripas de saber que son amparados en sus fechorías los responsables del terrorismo de Estado, que además se dan el lujo del silencio sobre el destino de los compañeros y compañeras desaparecidos, torturados y asesinados. Es demasiado dolor para quedar impune.

Los que se comprometieron a no quitar esa ignominiosa norma por la cual Uruguay ha sido observado internacionalmente, tienen derecho a hacerlo. El mismo que tenemos quienes apostamos a una democracia sin concesiones en el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos por igual. En setiembre de 2007 comenzó la campaña de recolección de firmas para anular la Ley 15.848 mediante una reforma constitucional. Para que el texto de la reforma sea sometido a plebiscito se requieren las firmas del 10% de los ciudadanos habilitados a votar (aproximadamente 250.000 firmas). Una vez obtenidas, se abre el camino para que el proyecto sea votado por la ciudadanía, conjuntamente con las Elecciones Nacionales de octubre de 2009. Esto se puede leer y más en el sitio web: //nulidadleycaducidad.democraciadirecta.org.uy/, donde dice que ya están casi la mitad de las firmas necesarias.Además, el V Congreso Ordinario del Frente Amplio «Compañero General Líber Seregni» aprobó convocar a la población a participar en la campaña de recolección de firmas por la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Quienes no hacen nada para derribar la funesta norma que mientras viva incita a nuevos levantamientos dictatoriales, al menos no entorpezcan el trabajo de un gran caudal de ciudadanía que no merece ser confundida de esta manera. Que me disculpen pero están jugando en contra cuando sueltan esas tremendas dudas en un pueblo que apuesta al uso de instrumentos legales legítimos que debieran ser fomentados por un gobierno de izquierda que practica la transparencia. La anulación podría disponerse por mayoría parlamentaria simple y ni siquiera se le pone el tema en la mochila a los legisladores. Hay quienes consideran más democrático que se anule mediante reforma constitucional porque implica un plebiscito.

Será la gente que decida en libertad.