Obstrucción a la justicia

Me han impactado las imágenes difundidas por Telesur que muestran al fiscal del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), el argentino Luis Moreno Ocampo, y al juez español Baltasar Garzón presenciando en Antioquia, ante las fosas abiertas, la exhumación de los cadáveres de víctimas de los paramilitares, en presencia de miembros de la Corte Suprema de Justicia colombiana. El titular de este organismo, Francisco Javier Ricaurte, entregó al fiscal del TIJ un informe con la denuncia contra el presidente Uribe y su gobierno por obstrucción a la justicia. Hay una dura confrontación entre el presidente y la Corte, que ha ido subiendo de tono.

Lo que Uribe quiere impedir a toda costa es que los paramilitares sean juzgados y condenados por sus crímenes en masa, y que se llegue hasta el fondo en la investigación de los vínculos de decenas de dirigentes políticos del oficialismo con los jefes de estas bandas mafiosas. Con ese fin ideó la ley de Justicia y Paz, que blanquea sus actividades criminales, y luego en forma sorpresiva, con alevosía nocturna, extraditó a sus principales jefes a los EEUU, donde tienen la impunidad asegurada. Por otra parte, la situación del presidente se agravó al revelarse que los abogados de uno de los principales jefes mafiosos, don Berna, andaban por la sede presidencial como Perico por su casa, y acordaban con los principales asesores del mandatario una técnica conjunta para escapar a la actuación de la justicia (véase la nota del día 27, «Uribe ante la justicia»).

Una información circunstanciada dice que el presidente de la CSJ, Francisco Javier Ricaurte, acusó a Uribe de nepotismo (se refiere que intercedió ante la justicia por la libertad de su primo, ex presidente del Senado, hoy encarcelado por su relación comprobada con los «paracos») y de obstaculizar las investigaciones del máximo tribunal contra decenas de políticos, parlamentarios y gobernadores del gobierno, en el más reciente capítulo del enfrentamiento entre poderes abierto en el caso de la «parapolítica». Agrega que «unos 70 congresistas, 28 de los cuales están encarcelados, han sido o son investigados por la Corte Suprema por sus nexos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)». El fiscal del TIJ, Moreno Ocampo, expresó que «Colombia debe lograr llevarlos a la justicia para que paguen por sus delitos atroces» y que «el Tribunal internacional actuará si la justicia colombiana no lo hace en caso de crímenes masivos».

Uribe reaccionó diciendo que les costará mucho trabajo a sus opositores llevarlo ante el Tribunal Internacional con sede en La Haya. A la vez insinuó que detrás de estas acusaciones está el ex presidente César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal, al cual acusó a su vez de vínculos con los narcotraficantes y de utilizar dinero del narcotráfico en las campañas electorales. La réplica liberal alude a «vergonzosos hechos como la visita de reconocidos delincuentes a la Casa de Nariño, lo que sumado a anteriores actuaciones de funcionarios de gobierno contra la Corte Suprema, confirma que desde la propia Presidencia, desde hace varios meses, se teje un siniestro complot contra el máximo organismo de la justicia» y que la intervención del presidente Uribe «demuestra su intemperancia, agresividad y habilidad para distraer a la opinión pública».

En este cuadro se dieron a conocer las opiniones del ex presidente de la Corte Constitucional colombiana, José Gregorio Hernández, quien sostuvo que Colombia está obligada a aceptar la jurisdicción de la Corte penal internacional porque el organismo tiene toda la competencia para juzgar delitos de lesa humanidad, según el Tratado de Roma firmado en 1998 y ratificado por el país sudamericano en 2002. Apoyó los dichos del juez español Baltasar Garzón en el sentido de que la CPI puede actuar para lograr que los jefes paramilitares de extrema derecha extraditados a Estados Unidos paguen por los crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos en Colombia. Recordó que los extraditados militares se habían acogido a la ley de Justicia y Paz pero «el gobierno tomó la decisión extraña de enviarlos a los Estados Unidos, haciendo prevalecer la justicia norteamericana sobre la colombiana», además de privilegiar «las posibles negociaciones de las penas de los extraditados en el exterior por encima de los derechos de las víctimas». En conclusión, también acusó a Uribe de obstrucción a la labor de la justicia. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo en tono categórico que el presidente procura beneficiar a 20 mil paramilitares.

Él es el gran acusado en este tema, que seguirá ocupando el centro de la escena política colombiana. Se trata de dirimir en suma si habrá impunidad para los crímenes de los paramilitares, que han alcanzado la categoría de genocidio.