La Ley Sanguinetti o la luz verde al atropello contra la enseñanza

Tal como se consigna en la habitual sección «Nuestro corresponsal estaba», hoy se cumplen veintiocho años de la aprobación de una ley nefasta. La Ley de Educación General, prohijada por el ministro de Educación y Cultura de Bordaberry, doctor Julio María Sanguinetti, marcó sin duda un hito que sirve para señalar un antes y un después en la enseñanza pública uruguaya.

No es aventurado afirmar que a partir de entonces comienza a verificarse el paulatino deterioro de una de las características más salientes de nuestro país, motivo de legítimo orgullo nacional, que el gobierno cívico-militar que habría de instalarse meses después se encargaría de rematar. La «Ley Sanguinetti» pareció confeccionada a medida de los propósitos del régimen de facto, para que motineros y civiles colaboracionistas pudieran cometer todo tipo de tropelías al amparo de sus disposiciones antidemocráticas. Los dictadores sólo hubieron de intervenir la Universidad; Primaria, Secundaria y UTU ya habían sufrido el golpe mortal «legal» que significó la Ley Sanguinetti.

Esta norma, votada por el oficialismo pactista conformado por colorados y «blancos baratos», había llegado al Parlamento por el trámite de «urgente consideración». El hecho motivó que Arturo Ardao denunciara la flagrante inconstitucionalidad de la declaración de urgencia para «una ley que suprime tres entes autónomos existentes y al mismo tiempo crea otro, el Consejo Nacional de Educación, que ‘trata de meter a esas tres enseñanzas en un solo saco para golpearlas mejor’«. (Citado por Hugo Cores en su libro ‘Uruguay hacia la dictadura’). Y dice más adelante: «A partir del análisis de los artículos 189 y ss. de la Constitución, Ardao demuestra que al ‘requerirse mayoría especial de dos tercios de cada cámara para supresión o creación de entes autónomos, no es aplicable la declaración de urgencia’«.

El opus sanguinettiano fue, pues, una ley de contenido profundamente reaccionario y formalmente objetable.