A 40 años de la primera víctima estudiantil

Como un preaviso de lo que vendría algunos años más tarde, la represión desatada por el gobierno de Jorge Pacheco Areco contra la protesta popular cobró su primera víctima el 14 de agosto de 1968. Un joven trabajador y estudiante caía, en plena calle, abatido por las balas policiales, en el curso de una manifestación relámpago en las proximidades de la Facultad de Veterinaria. El entierro de Líber Arce se convirtió en un plebiscito contra el autoritarismo y la insensibilidad de un gobierno que unos meses antes había inaugurado una forma de gobernar al margen de la convivencia civilizada. A fines de junio se decretaban medidas prontas de seguridad, un paréntesis cesarista en el sistema democrático, que durarían –salvo breves períodos– todo el resto del mandato; un régimen de excepción que se volvió la regla.

Cabe consignar que las medidas prontas de seguridad decretadas en junio de 1968 no fueron implantadas para combatir a «la sedición»: en la exposición de motivos del decreto que las implantó no se menciona en absoluto la acción del MLN. El verdadero motivo era sofrenar la protesta popular, estudiantil y sindical, ante la derechización del rumbo del gobierno, cuyo proyecto económico iba francamente en contra de los intereses de los sectores populares y decididamente a favor de las clases dominantes. No en vano el recambio ministerial inmediato al decreto de medidas de seguridad abrió las puertas del gobierno a conspicuos representantes de la oligarquía terrateniente, del comercio exportador, de la gran industria y de la banca.

Vale la pena señalar estos hechos pues ellos desvirtúan de manera terminante la teoría de los dos demonios, que pone en un pie de igualdad a guerrilleros y represores y atribuye a aquéllos la responsabilidad de haber dado el primer paso en la espiral de violencia y de haberse levantado en armas contra un régimen democrático y un gobierno constitucional.

Después de Líber Arce vendrían otros. Ese mismo año de 1968, Hugo de los Santos y Susana Pintos, dos jóvenes estudiantes, cayeron abatidos por balas policiales mientras participaban en manifestaciones callejeras. Estos hechos sacudieron a la sociedad uruguaya que empezaba a asomarse, incrédula, a una situación de convulsión política y social que jamás había imaginado, mientras el gobierno de Jorge Pacheco Areco militarizaba funcionarios, clausuraba medios de prensa, intervenía los organismos de enseñanza, desconocía al Parlamento y llevaba adelante su política económica antinacional, con congelación de precios y salarios (en rigor fue congelación solamente de salarios) que no fue capaz de frenar la inflación.

Así fue el gobierno de Pacheco: un gobierno autoritario, despótico, represor; un gobierno que violó la Constitución cuando el Parlamento una vez y la Comisión Permanente, otra vez, levantaron las medidas de seguridad. Fue la antesala de la dictadura formal inaugurada por su delfín, Juan María Bordaberry, y aplaudida desde la embajada en España por el ex presidente.

En razón de todo esto, no encontramos justificación al homenaje que se brindó al ex gobernante en la Junta Departamental, instancia en que su figura fue ensalzada por el Partido Colorado como si se hubiera tratado de un gobernante digno de la gratitud de su pueblo. Esperamos que a nadie se le ocurra incorporar el nombre de Jorge Pacheco Areco al nomenclátor de ninguna ciudad del país. Debemos recordarlo como un gobernante autoritario, intransigente, insensible, bajo cuyo gobierno las fuerzas represivas tuvieron luz verde para cometer todo tipo de desmanes, castigar con saña las pacíficas manifestaciones estudiantiles e inaugurar la práctica salvaje de balearlas.

Los muertos inocentes como Líber Arce nos convocan a mantener viva la memoria. Viva e intacta.