La interpelación, los derechos infringidos y la cocarda

No obstante la buena intención del interpelante de los ministros Bensión y González, se debe establecer que el legislador ha omitido –impensadamente– recusar la principal y falaciosa argumentación del ministro de Economía, esgrimida contra un futuro y necesario apoyo responsable del gobierno a la actividad agropecuaria.

Ya es reiterativo por parte de estos gobiernos extranjerizados afirmar que el sector agropecuario ha crecido.

¿Que han hecho las entidades gremiales madre para desvirtuar este infundio? ¿Acaso tienen intereses subyacentes prioritarios, ajenos a los derechos naturales y legales del sector rural? ¿Por qué las gremiales no defienden estos últimos? ¿Debemos creer que las gremiales están solo para fabricar ministros que hacen de amortiguadores entre el campo y el gobierno?

Esta actitud gremial pasiva (?) confunde a políticos y ciudadanos bien intencionados –que los hay– impulsándoles a cometer omisiones o a sufrir «lapsus» del intelecto, al recibir afirmaciones tendenciosas como la del señor ministro.

Si se toman las cifras de la exportación de carnes (principal rubro exportado) brindadas por el ministro, se nota el gran aumento : mayor cantidad de toneladas. El campo hizo el esfuerzo. Aumentó la producción. Pero aumentó . ¡¡La que exportó y creció fue la industria frigorífica!! El campo sigue –miles más o menos– con el mismo stock ganadero desde hace años. ¿Dónde está el crecimiento del sector? Se aumentó la producción pero sigue estancado. La que ha crecido es la industria, que se ha llevado el producto del esfuerzo. El señor ministro confunde deliberadamente con . Además, un escolar preguntaría: ¿crecieron? ¿Y por qué están endeudados? Lo que lleva a recordarle al señor ministro, que el crecimiento, para ser tal, debe ser físico y económico y que, al faltar uno o los dos componente –como en este caso–, el crecimiento no existe.

Sería de gran interés, y muy esclarecedor, que el productor agropecuario tuviera acceso a la documentación original del INAC, donde están registrados las fechas, destinos, tonelajes y de los diferentes negocios de exportación de carnes efectuados. Tradicionalmente, esta información se le ha ocultado a los productores. Sin embargo, al aplicárseles la «ley del embudo», los productores son obligados anualmente en la declaración jurada de Dicose a proporcionar detalladamente la información que los deja inermes y a disposición del «mercado». Vale la pena constatar en la página del MGAP en Internet, la ingenuidad con que el ingeniero Sosa Díaz trata el tema. (Banco de Datos de Opypa).

A pesar de la existencia de tal flagrante situación de injusticia y latente implicancia, el gobierno, agravando dicha circunstancia derogó (?) en uno de sus primeros actos, la preceptividad de normas sobre exportación de carnes referentes a INAC (Registro detallado de negocios) que si bien no incluían –¡por supuesto!– el acceso de los productores a la información, deberían haberse mantenido y mejorado posibilitando dicho acceso.

Esto no es más que una cara –la más importante– de un cuerpo que tiene muchas facetas opresoras, y dentro del cual está apretado el sector agropecuario.

El sector ha perdido sus derechos, su dignidad, y su economía. Leyes de aguas, minería, servidumbres, Dicose y reglamentaciones varias que conllevan grandes responsabilidades, no tienen la contrapartida de los derechos más elementales que corresponde reasignar (?) al sector rural. El productor además está solo y sin armas ante la jauría libremercadista. En definitiva y en todo caso, el libre mercado posibilita el dominio de los más fuertes, por posicionamiento y/o economía. Es indispensable la tutela del Estado, como árbitro, como contralor, como única garantía posible antidespojo a los más débiles, porque de lo contrario tendremos siempre lo que sucede hoy, cuando la falta de normas elementales que arbitren a los mercados constituye la negación tácita de nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. La aplicación práctica del libre mercado es similar a afirmar que la víctima de un ladrón debe ser eficiente en su propia defensa. Que debemos eliminar las leyes. Que el Estado y sus poderes no deben intervenir. Que la víctima debe triunfar o morir sola. Que no importa si sus medios son insuficientes y su causa es justa.

Son indispensables los precios testigo para todos los productos agropecuarios. El campo no pide dádivas ni perdonazos. Exige garantías. Exige financiación. Exige reintegro de lo que le fue succionado. Se perpetró una letal «transferencia de recursos» compulsiva. No le preguntaron al sector si estaba de acuerdo. No se les dijo a los sectores favorecidos por la «transferencia» (despojo) que sus reclamos eran justos pero que el país no tenía de dónde sacar plata, como se le dice al campo hoy. Y que no se hable más de las rebajas impositivas (limosnas) concedidas. La crisis no se debe a los impuestos. Es al revés. Es difícil pagar los impuestos porque hay crisis. Es más: si se desgravara totalmente al sector, este igual moriría debido al actual sistema económico. Y para redondear el crecimiento descubierto por el ministro de Economía, tenemos el rubro ovino en bancarrota y con un nivel de stock que augura una no muy lejana desaparición. Al mismo tiempo el gobierno se preocupa por el monopolio del hipermercadismo y sus relaciones con proveedores. Esta película; ¿no es la misma pero con diferentes actores, cuando presenciamos la relación entre un puñado de industriales y exportadores de carne y lana el sector rural?

Y por último; del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca digamos que solo reitera palabras huecas. Además, no tiene voz ni voto aunque hable. Como todos sus antecesores igualmente decorativos (?). Lo único que le falta decir es que… hay que estructurar la estructura. Entonces obtendría una cocarda: el gran campeón del pleonasmo y el perogrullo.

*Productor rural de Cerro Largo