La cuenta del Estado con el contribuyente

Según lo ha reiterado el ministro Astori, la reforma del sistema tributario tiene objetivos explícitos de equidad, estimulación productiva y modernización, conjuntamente con otros funcionales a los objetivos generales de la política económica. Con insistencia, el ministro ha explicado la condición dinámica de su diseño y ejecución en procura de la obtención de dichos objetivos. En tanto es presumible que en el futuro, a lo ya anunciado en relación a los cambios que tendrá el IRPF en el corto plazo, esa reforma sufra modificaciones de mayor envergadura y trascendencia. En particular, ahora, la expectativa refiere al tránsito hacia un perfeccionamiento del impuesto a la renta en línea con la mejora del procesamiento de la información que el administrador de impuestos recibe de los contribuyentes. El IRPF debe avanzar hacia una mayor imposición de la renta real a los efectos de satisfacer su motivación original. Esto no será sencillo en un país sin cultura tributaria ni afectos mutuos entre el administrador y el contribuyente, ni bases de datos suficientes. Empero, ese tránsito es emblemático en este pilar reformista de la política económica. En tanto, deberemos contar con algunas precisiones acerca de ese programa mediante el cual el MEF, la DGI y el BPS piensan completar aquel postulado programático que tanto ha costado instrumentar. Porque en algún momento habrá que pasar raya a esta experiencia de reforma y evaluar no sólo su capacidad distributiva vinculada a un impuesto cuya incidencia es relativamente menor – no supera el 2% en una presión tributaria, que, teniendo en cuenta sólo la recaudación de la DGI, se aproxima actualmente al 19% del PBI.

Los problemas del IRPF no son de base cuantitativa ­cuánto recauda o su porción de incidencia real sobre los ingresos. Hay en ese impuesto emblemático para la izquierda una sustancia de otro orden. Que tampoco puede observarse sólo en su capacidad de generar mayor equidad o contribuir a una mejor distribución del ingreso. Ese impuesto es emblemático para la izquierda porque es funcional con la aspiración de transparencia y exigibilidad en las relaciones mutuas entre el contribuyente y el Estado al cual tanto apuesta el ideario y el programa. Ese debe ser el foco del análisis y el primer balance que deberá hacerse al término de este período de la administración.

Desde esa perspectiva, es necesario cuidar que ese impuesto ­ acotado en su capacidad distributiva, parcial en su aporte al logro de la equidad ­ sea realmente efectivo en la creación de una mejor conciencia tributaria y de una relación de la DGI con el contribuyente que no puede ser programada sobre otra base que no sea esa; la mejora de la conciencia del contribuyente al financiamiento de un Estado respetado. Y aquí aparecen los problemas delicados y complejos de esa dinámica de corrección y ejecución del NST. La DGI es observada por el ciudadano como el organismo recaudador, capaz de utilizar todo su poder de fiscalización y sanción frente a eventuales desvíos del contribuyente. Empero, está lejos la DGI de poder retribuirle a ese apremiado ciudadano una rendición de cuentas comprensible acerca de cómo administra el gobierno esa recaudación. En tanto, si el Estado no encuentra una solución capaz de «pegar» la emisión de un balance fiscal legible socialmente, con esa exigibilidad tributaria y, tampoco logra en los tiempos disponibles que el IRPF se encamine hacia su formato de imposición de la renta real, es fácil intuir el resultado final del balance de la principal reforma.

El gobierno y la DGI advierten perfectamente estos dilemas. De alguna manera, tanto el MEF como la DGI intentan atenuar las consecuencias más agresivas que pudieran comprometer más el resultado de esa cuenta principal de resultados. La semana pasada la DGI extendió nuevamente el plazo para el pago del ajuste anual del IRPF, en la misma línea de flexibilización de exigencias que ya ha mostrado con el pago de otros impuestos. Pese a lo cual, como es notorio, a la DGI no le alcanzará ni la mejora de su eficiencia ni su capacidad de sanción para mantener o elevar sus metas de recaudación en circunstancias de menor crecimiento. En tanto, llegados a esa instancia es probable que ya no se le exija a la DGI aumentar su recaudación un medio punto encima del incremento del PBI, sino que las exigencias fiscales del programa le impongan una actitud más agresiva. No hay mucho tiempo y ese es el foco desde el cual hay que pensar el programa y la futura comunicación fiscal.