¿Usted cree que su Partido no miente?

Hay cosas que no se hacen –según explican los integrantes de la coalición de gobierno– por falta de recursos. Para evitar las simplificaciones, a nuestro modo de ver es imprescindible, aún en tales casos, exigir razones: de parte de quienes reclaman, así como de quienes se oponen a esas demandas. Para ciertos comentaristas o políticos cómodos, todo se define en posiciones simples: blanco o negro. El gobierno se opone a las exigencias obreras y populares porque, claro, no hay recursos para todo. Otros (la oposición) seríamos los perversos o inconscientes que decimos que sí a cualquier reivindicación. Salvo un puñado de prudentes patriotas capaces de saber a qué cosas hay que decir que sí y a cuáles no, actitud que se reconocen inteligentemente a sí mismos, todos los demás estaríamos en una polarización suicida (porque no es posible suponer que la gente sea tan ignorante que no lo advierta). Siendo los análisis políticos tal como se plantean, hoy nos referiremos a un tipo de reivindicaciones en las que todos los partidos y dirigentes políticos han manifestado estar de acuerdo.

Veamos un ejemplo. A la salida de la dictadura, el Parlamento aprobó, en noviembre de 1985, un proyecto de ley que estableció la reposición de los funcionarios públicos destituidos por motivos gremiales, políticos, ideológicos o por mera arbitrariedad.

Legisladores de diversos partidos reconocieron, en ese momento, que era imprescindible dictar otra ley referida a trabajadores de la industria privada que habían estado presos o debieron, por las mismas causas (gremiales, ideológicas, etc.) partir hacia el exilio.

Como han ido pasando los años sin que esa promesa se concretara, paulatinamente ocurre que, las personas que atravesaron ese tipo de arbitrariedades, en el momento que deben recurrir al retiro jubilatorio encuentran que no pueden hacerlo porque, obviamente, en los años de cárcel o exilio no registran aportes a la seguridad social. En consecuencia, deben continuar trabajando, si encuentran, en las circunstancias actuales, quien les permita hacerlo, o deben jubilarse con cantidades que –como tantas veces ocurre– son la negación de la seguridad social.

Todos los partidos prometieron solucionar el problema. Desde diversas tiendas y sectores se han planteado proyectos. Como la iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, en reiteradas oportunidades a través de los años, la Comisión de Seguridad Social, diversos legisladores, y el propio Plenario de Diputados en más de una minuta de comunicación, reclamamos soluciones. A tanto llegó ese panorama de reiteradas promesas incumplidas que finalmente planteamos una interpelación a la entonces ministra de Trabajo y al ministro de Economía. En esa instancia todo pareció culminar en un éxito de todos: los representantes del Ejecutivo se comprometieron a enviar el proyecto. Con cierta demora –injustificada porque textos de proyectos, a partir del presentado por el diputado Víctor Vaillant en 1987, había de sobra–, una iniciativa llegó al Senado. Este incluyó el punto de su última sesión antes del receso del año electoral. Y, descuido sobre descuido, aunque el tema ya llevaba muchos años de postergación, ese día no hubo quórum.

Al comenzar el nuevo gobierno, es decir, en marzo de este año, la promesa –ante gestiones del nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Social– se renovó. La iniciativa llegaría a consideración del Parlamento.

Ha finalizado el año. La promesa se ha reiterado. Pronto llegará la iniciativa. ¿Deberemos creerlo? Lo único que, personalmente, y quizá contra la opinión de otros legisladores puedo comprobar es que, durante un año más, la promesa no se ha cumplido. Se trata, claro está, de una solución para perseguidos de la tiranía. Que ya han visto a muchos trabajadores, que estaban en su misma situación, padecer retiros propios de una seguridad social que no pasa, en esos y múltiples casos, de progreso manuscrito.

Si en los primeros meses del próximo año el proyecto no llega a la considerción del Parlamento, ¿qué deberemos hacer?

A mi modo de ver, una nueva interpelación debería ser precedida de una intensa campaña que, aún realizada individualmente por todas las esquinas nos permitiría individualizar, con nombres y apellidos, a los autores de una estafa. Sólo podemos calificar de esa manera a una promesa incumplida –con la cual todos los sectores democráticos han dicho estar de acuerdo– pero que se viene postergando desde hace quince años. Si esto sucede con proyectos cuya justicia sólo podrían negar simpatizantes de la irrupción militarista ¿cómo encontrar soluciones para problemas en los cuales existen diferencias?

* Diputado del EP-FA