La verdad es imprescindible

Al ingresar al tercer milenio de la era cristiana, tal vez resulte buena idea para algunos gobernantes el sincerarse, esto es: empezar a decir la verdad o, al menos, algunas verdades.

Creo que si algo ha tenido de positivo el flagelo del contrabando, es precisamente que nos ayuda a sincerarnos. Entonces sería bueno que nuestros mandatarios admitieran que más que por los efectos del contrabando –que sin duda son muy negativos en la economía del país– la industria nacional se va extinguiendo lenta pero paulatinamente por una multiplicidad de causas entre las que se destacan la apertura indiscriminada (o «inarancelada») de fronteras y la no protección de nuestros productos.

Desde 1990 a la fecha se han perdido más de cien mil plazas de trabajo en la industria nacional, lo que ha causado enormes perjuicios a los trabajadores, a sus familias y al país, pero no necesariamente a los dueños de esas industrias afectadas.

El Banco de Previsión Social –y con él el país en su conjunto– pierde por partida doble: lo que deja de recaudar, más lo que debe abonar por concepto de seguro de paro; y para colmo, para quien debe recibirlo es absolutamente insuficiente.

Pero los grandes industriales de ayer –no todos, claro está– han pasado a ser los grandes importadores de hoy. Ellos, junto al sector financiero, conforman los escasos grupos sociales que se ven beneficiados por esta política económica que nos miente al hablar de igualdad de oportunidades o de libre competencia.

¿Puede negarse a subsidiar quien compra productos subsidiados?

O, dicho de otra forma, ¿por qué comprar lo que ni siquiera Argentina o Brasil están dispuestos a ingresar a sus territorios, ya sea por tratarse de productos subsidiados o, peor aun, por el temor a posibles consecuencias sanitarias derivadas de tragedias como la de Chernobyl…?

¿Qué hace cualquier jefe o jefa de hogar ante una situación como esta? Seguramente dice: «Por esta vez y ante las serias dudas planteadas, no. Muchas gracias pero, no. Tal vez en otra oportunidad».

Ese criterio, tan de sentido común, no es precisamente el que aplican nuestros gobernantes. Resultan, muchas veces, más realistas que el rey… Pero hay todavía más: el EP-FA le ha propuesto reiteradamente a este gobierno la necesidad de inversión en obra pública como elemento dinamizador de la economía y para la creación de fuentes de trabajo.

Sin embargo, ningún gobernante lo ha ejecutado (ni siquiera parcialmente) ni ha dado alguna respuesta formal explicando su imposibilidad o su inconveniencia. A lo sumo, el doctor Batlle lo ha vinculado con las privatizaciones al sostener que con esos dineros sí se podría hacer alguna obra pública.

Confieso que me sentí desconcertado. No pude encontrar una respuesta adecuada para explicar la situación. Yo pensaba: 200 millones de dólares invertidos en obra pública significan carreteras, puentes, escuelas, liceos, hospitales, etc. y significan también 45 mil puestos de trabajo que alivian –al menos por el tiempo que dura la obra pública pues no serían definitivos– a la vez que dinamizan la economía, sobre todo el comercio.

Por otra parte, y esto también es verdad, el país dispone de esos dineros o puede obtenerlos mediante un endeudamiento razonable y hasta puede combinarlos, esto es: gastar una mitad y obtener la otra mediante préstamos. Además, no son cifras tan importantes para lo que es el Presupuesto del Uruguay.

Lo que ocurre es que resolver –aunque sea parcial o momentáneamente– el problema del trabajo a los miles de uruguayos que no lo tienen no es una de las prioridades para este gobierno.

Porque si así fuera, ¿cómo es que este gobierno no hace lo que sugerimos? ¿Por qué sigue entonces aumentando la desocupación?

Si no puede, que explique por qué, y debatiremos.

Si no quiere (o le parece inconveniente) que también lo diga.

Pero por favor, que nos diga la verdad que, por lo visto, no es lo mismo que «la justa».

Mientras esto no ocurra, seguiré pensando que la falta de trabajo y la angustia de los uruguayos no le interesan demasiado y que, al final de cuentas, prefiere no hacer lo que le sugerimos, no tanto por reconocer nuestro aporte, sino por ser fiel a ultranza a una filosofía y a una línea económica que privilegia a unos pocos y castiga a los más.

¿Puede alguien a esta altura de los acontecimientos y de los resultados obtenidos, creer que el mercado se regula solo?

* Diputado de Alianza Progresista