Presidente Clinton: Una decisión diplomáticamente hábil

El presidente Clinton ha firmado, en el último minuto del año, el Tratado Penal Internacional que habrá de juzgar a los responsables de delitos contra la humanidad.

El gesto diplomático tiene un sinnúmero de connotaciones algunas de las cuales vamos a examinar.

Para empezar, la decisión se ve obstaculizada por el curso previsible de la iniciativa que convoca la oposición del inflexible y pertinaz defensor del imperialismo, Jesse Helms, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado que ha acumulado improperios contra el Tratado de Roma y su concreción en un Tribunal Penal Internacional que podría eventualmente juzgar a soldados y funcionarios norteamericanos, de los muchos miles que en el mundo defienden, con toda clase de procedimientos, los sagrados intereses de los Estados Unidos.

La oposición, como era de esperar, es muy fuerte también en la plana mayor de los militares y en el Pentágono.

Otra arista del asunto es que tampoco comparte la decisión el presidente electo, George Bush, quien no obstante «heredará» como problema los pasos siguientes que algunos sectores de la opinión pública internacional esperan de los Estados Unidos.

Desde un punto de vista latinoamericano y tercermundista cabría preguntarse ¿qué grado de sinceridad comporta esta adhesión al Tratado de Roma?

¿Cómo se compatibiliza con las características de la política exterior norteamericana, recurrentemente proclive a la intervención militar directa o indirecta, a través del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas?

Se trata exactamente del mismo presidente y del mismo cuerpo de asesores y diplomáticos que estuvieron atrás de la discutida (y fracasada) intervención militar en Yugoslavia, con los bombardeos a Belgrado y la larga serie de actos de vandalismo aéreo contra la población civil.

Son también los mismos gobernantes, funcionarios y militares que impulsan en América Latina el llamado «Plan Colombia» cuyo carácter netamente militarista ha llevado a que sea denunciado como altamente peligroso para la paz en toda la región, desatando comentarios adversos en responsables diplomáticos y militares de Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros.

Un plan que echa leña a la hoguera colombiana, sin aportar soluciones y contribuyendo a la creación de una pugna militar cada vez más amplia y más devastadora.

Perder de vista el conjunto de estos elementos sería una imperdonable muestra de credulidad e infantilismo.

No obstante, la póstuma gestualidad clintoniana contiene un elemento de interés: de lo que se trata es de dar señales contra la impunidad.

Se está diciendo, con limitaciones, con hipocresía, en contradicción con sus propias prácticas y concepciones imperialistas, algo que importa y es que hay que ponerle fin a la impunidad, hay que perseguir a los culpables de los delitos contra la humanidad, a los secuestradores, a los genocidas, a los ladrones de niños.

En ese sentido, y con todas las limitaciones apuntadas, la decisión adoptada por el gobierno de los EEUU es significativa.

Vale la pena recordar que pese a los enfáticos anuncios del canciller y del Presidente de la República, nuestro país no ha firmado el Tratado.

Es poco. Es apenas un gesto.

Así y todo en Uruguay no hay condiciones para dar ese modesto paso contra los símbolos más visibles de la impunidad.