Para evaluar el conflicto universitario por Presupuesto

La conclusión de la reciente huelga universitaria nos impone ciertas reflexiones evaluativas que su desarrollo nos ha dejado como experiencia a quienes hemos hecho de nuestra actividad académica en la Universidad de la República el objetivo profesional central de nuestra vida. Algunas de ellas me parecen de la mayor oportunidad inmediatamente concluido el conflicto.

En primer lugar, la más general de todas: aunque la movilización universitaria por Presupuesto se inició tardíamente, sin haber acompañado «desde el vamos» a la del resto de las ramas de la Enseñanza, evidenció de nuevo esa peculiar característica que históricamente le ha signado especialmente el movimiento estudiantil. Que resultó elocuente para el gran público; le otorgó la comprensión y simpatía popular, reflejada en encuestas de opinión; y obligó a la contemplación de sus demandas, en un contexto político muy duro frente a los reclamos generalizados de la sociedad, contra un proyecto mezquino y maltusiano del Poder Ejecutivo. Incluso, debió servir de experiencia a la clase política del país y a su estrecho equipo económico, responsables directos de la desorganización de la vida académica a la que obligó el conflicto; los cuales tendrán que tenerlo muy en cuenta para las ampliaciones que corresponden en las futuras rendiciones de cuenta, a las que se comprometieron según la evolución del PBI, si es que no quieren convertir a la movilización universitaria en un ‘programa anual’ para todo el quinquenio de su gobierno… Y junto a todo ello, la generalizada conciencia en el país del maltrato presupuestal que su elite política viene dispensando desde hace mucho tiempo a la educación en general; mas allá de sus declamaciones a favor de ella.

En segundo lugar, la adquisición de una responsabilidad universitaria para la mejor administración posible de los recursos logrados, que de cualquier manera son escasos, y que continuarán padeciendo la trampa de la imposibilidad de usar las economías de un ejercicio en el siguiente, como era antes de la dictadura (imposibilidad que, asociada al retardo de la entrega de los duodécimos, estimula un pésimo gasto sobre cada fin de año). El necesario abandono del «chacrismo» como criterio decisorio de sus autoridades, a la hora de la asignación distributiva; la consideración de actividades tan trascendentes como la investigación científica y tecnológica, los 4/5 de la cual en el país reposan sobre la financiación universitaria; y, en fin, el reconocimiento de la jerarquía del cumplimiento de lo que a lo largo del conflicto se comprometió como argumentación con la opinión pública, para no incurrir en similar proceder al que nos tienen acostumbrados los políticos que gobiernan este país.

Por último, la administración de la huelga mostró a estudiantes, docentes y funcionarios en desempeño de ejemplar democracia interna, ejercida responsablemente; con asambleas que fueron definiendo los pasos fundamentales de la movilización. Lo que demuestra que ella es practicable de manera permanente en nuestra Universidad; como lo era hace algunas décadas y como lo supone la propia estructura de su Ley Orgánica. Al volver a la vida rutinaria de nuestra Universidad, quienes nos comprometimos con su lucha, también debemos hacerlo con la acción vigilante para que vuelva a ser vigente el viejo principio de democracia directa universitaria, y de que ningún asunto que afecte a cada uno de sus miembros se resuelva sin que tengan la oportunidad de participar en la decisión que sobre él se adopte.-

Un par de ejemplos bien diferentes entre sí, pueden dar idea del progresivo descaecimiento de estos principios, que deben ser restablecidos en su vigencia, so pena de socavar el mejor espíritu integrativo universitario. Algunos responsables de dependencias o servicios, en el pasado reciente, han usado su cargo para beneficiar algunos proyectos en desmedro de otros a los que le han restado recursos, sin ninguna razón técnica y a espaldas de los respectivos directores. O han pretendido el ejercicio de autoridad, que ni académica ni funcionalmente les corresponde. Por suerte, no conozco demasiados, pero sí me consta de algunos, que sería de mal gusto individualizar aquí. Estas prácticas deben ser erradicadas de la vida universitaria, y me comprometo a denunciarlas públicamente cuando tenga conocimiento de alguna de ellas.

La idea de que las decisiones concretas deben responder a criterios generales de amplio consenso, también ha experimentado deterioro. Hace algunas semanas, en pleno conflicto universitario, me visitó Carlos Marchesi para consultarme sobre mi opinión en relación con la creación de una Maestría en «Business administration» (sí, así como lo lee: título de «Master en …) para la Facultad de Ciencias Económicas decidida por las autoridades universitarias. Poco después, Marchesi publicó un artículo en «El Día» de crítica a la decisión (16/11/00). – Mas allá de la ridiculez y obvia ilegalidad de otorgar un título en un idioma diferente al español, está claro que a la Universidad de la República le compete el cultivo y enseñanza del conocimiento superior. La administración de negocios como desempeño profesional, sin duda, requiere conocimientos terciarios; y hasta puede ser una especialización de grado universitario de la administración o la administración empresarial. Pero de ninguna manera un cultivo del saber superior a que deben estar destinados los posgrados universitarios; sobre cuyo contenido académico no hay duda universitaria posible, y que hoy es tan necesario que la Universidad desarrolle. Este título, así expresado en inglés, parece destinado a entrar en competencia con ese «mercado de academias» que disputan algunas instituciones privadas (de las llamadas con la pomposa designación de «universidades privadas»).- ¿En que criterio general consensuado en debates y claustros universitarios puede basarse semejante decisión?

Por cierto, resolví esperar la finalización del conflicto presupuestal para expresar públicamente la vergüenza que como universitario me embarga ante este dislate.

Retomar, pues, las prácticas sustantivamente democráticas, es otro de los imperativos que la movilización universitaria nos ha dejado como enseñanza.

* Sociólogo