Batlle y su gobierno: estilo y contenido

En el marco del fin de un ciclo de actividad de la administración, el gobierno ha creído oportuno realizar una serie de anticipos acerca de cómo y hacia dónde proyecta su accionar en materia de política económica.

Vale la pena examinar algunas de esas líneas rectoras que hoy se reafirman: la apertura externa en toda su extensión imaginable, más allá del Mercosur, el sueño anhelado es la incorporación al ALCA, la desregulación de las actividades que tienen al Estado como protagonista significativo, son los ejes centrales en torno a los cuales se perfilan los anuncios.

Por cierto que comentar estas pautas no significa agotar el examen de este gobierno, tal como ha venido desenvolviendo su acción desde el 1º de marzo.

Hay aspectos de estilo y particularidades de acción características de este gobierno que no son de desdeñar.

El presidente Batlle ha desarrollado una modalidad cuidadosa con sus interlocutores de la oposición social y política y se expresa públicamente sin los alardes de omnipotencia que caracterizó a la administración anterior. No es poca cosa.

Sin embargo, se trata de un rasgo distintivo sobre todo del Presidente o, en todo caso, de la casa presidencial y de algunos ministros y no un rasgo de todo el Poder Ejecutivo.

En el mismo milita, en Defensa y en lugares claves de la conducción económica, un sector de colaboradores del presidente anterior que perpetúan sus fobias y sus desplantes, amén de una capa de personal superior de la burocracia estatal caracterizado por su «situacionismo» y sus posiciones conservadoras.

Estos aspectos de estilo están ligados también a ciertos pasos que se vienen dando, de indudable importancia, en la denuncia y el castigo a la corrupción política y administrativa: en Salud Pública, en el Ministerio de Turismo, entre otros.

Nada de eso es desdeñable, reiteramos.

No obstante, los planes trazados en relación con la reforma del Estado y la orientación económica y los contenidos de las principales leyes aprobadas hasta el momento, apuntan a acelerar una estrategia generadora de un fuerte impacto sobre la sociedad.

El tema central, aunque no el único, es el incontenible crecimiento de la desocupación y la precarización del trabajo, vinculada a aquella.

Los anuncios realizados ponen el énfasis en señalar que se ahondará en esa línea.

Las interrogantes que se imponen nacen a partir de este costado social que las reformas económicas propuestas suponen.

La idea es emprenderla contra aspectos constitutivos sustanciales de las empresas públicas.

Cualquiera que se detenga un instante a indagar acerca de cuáles son las leyes orgánicas de UTE, del BROU, del BSE, etc. advertirá el énfasis que el legislador le ha otorgado a la labor social de la empresa pública.

Es justamente la zona de la que menos se habla.

Hace ya largo tiempo que las concepciones del liberalismo económico ortodoxo han sido superadas. No sólo por el pensamiento sociológico o de inspiración solidaria.

También por los pensadores que, en términos estrictamente capitalistas, aspiran a pensar con un mínimo de anticipación, los efectos sociales de las políticas económicas.

No se trata sólo de los altos funcionarios de los organismos internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario quienes alzan sus voces de alarma.

A esta altura, son incluso algunas grandes empresas privadas, que ya han adquirido el estatuto y las dimensiones de las grandes corporaciones, las que ejercen presiones sobre sus proveedores para que abandonen o atenúen las prácticas devastadotas del capitalismo salvaje.

Se prevé disminuir el número de empleos. Se prevé disminuir el peso de la inversión estatal y el peso de las grandes empresas.

¿Cómo se van a atender los resultados sociales de estas políticas?

¿Hay otra propuesta que no sea aumentar el número de establecimientos carcelarios y mejorar la gestión policial?

Sin una adecuada respuesta a estas problemática, las virtudes del elenco presidencial no lograrán paliar los efectos negativos duraderos de sus decisiones más gravitantes.