Inseguridad y combate a la delincuencia

Como si se tratara de algo cíclico, el tema de la seguridad (o de la inseguridad que percibe la población) vuelve periódicamente al tapete en forma recurrente. La derecha ha resuelto que es ése uno de los flancos débiles del gobierno, y hacia allí apunta toda su artillería con la mira puesta en el año electoral que se avecina.

Que la inseguridad no es un problema nuevo, nadie podría negarlo. Al respecto, fue muy oportuna la irradiación, en el programa de Alejandra Casablanca de 1410 AM Libre, de un mensaje publicitario, del grupo de Pablo Millor, para la campaña electoral de 1994, en el que una voz grave y casi lúgubre nos recuerda que, por aquellos tiempos –gobierno del doctor Lacalle– en un lapso relativamente corto, se habían registrado 3.500 asaltos y cerca de dos mil vehículos habían sido robados; el mensaje terminaba exhortando a “parar la mano” y votar la lista 94.

Sin duda las cifras de hechos delictivos se han incrementado desde entonces a hoy, pero la pieza publicitaria demuestra que la inseguridad formaba parte de la agenda política de la derecha y era usada con fines electorales.

No es falso que se haya producido un incremento de la actividad delictiva ni que haya aumentado la violencia con que actúan los rapiñeros, lo que explica en parte la “sensación térmica” de inseguridad que vive la población. He aquí un dato objetivo. Pero también es cierto que las fuerzas conservadoras han encontrado allí un caldo de cultivo apropiado para generar o aumentar el temor de las gentes de modo tal que el electorado acepte las clásicas propuestas de la derecha, basadas en el aumento de la represión y del rigor punitivo.

Y para dicha estrategia la derecha cuenta con el inestimable apoyo de los medios audiovisuales que responden al establishment. Además de la deleznable práctica de fomentar el lado morboso común a todos los seres humanos, exhibiendo impúdicamente escenas desgarradoras, ciertos medios funcionales a las clases conservadoras, abundan y sobreabundan en la información de hechos policiales y los magnifican a su antojo.

Pero, independientemente del afán por desprestigiar al ministerio del Interior por su supuesta ineficacia en el combate al delito, lo cual sirve a sus intereses electorales, la derecha cree ­está convencida de ello­ que el problema de la delincuencia debe tener soluciones policiales y que, ante el incremento de la actividad delictiva, es preciso aumentar las penas.

La historia y la realidad demuestran que, por duros que sean los castigos y por más libertad que tengan los agentes del orden para reprimir, la actividad delictiva no decrece. En varios estados de EEUU la legislación penal admite la pena de muerte y, sin embargo, delitos de toda índole siguen cometiéndose a diario; del mismo modo, la policía tiene luz verde para disparar y para detener a delincuentes o sospechosos de serlo, y no por ello la delincuencia disminuye.

Es que el rigor de las penas no opera el efecto disuasorio que se pretende. Es prácticamente imposible que un rapiñero, antes de asaltar un comercio, se detenga a pensar en la perspectiva de terminar en un establecimiento penitenciario por varios años y desista de su idea. Y menos aún, los que operan bajo el efecto de la pasta base, droga capaz de obnubilar hasta las mentes más lúcidas. Es por eso que las cárceles están superpobladas, y entonces se piensa en ampliarlas, en construir nuevas, en adaptar edificios a ese fin, de modo de depositar allí a los infractores para aislarlos de la sociedad, mientras la usina generadora de delincuencia sigue intacta.

La pobreza, la marginación, la exclusión social, están en el origen del aumento de la delincuencia, pero ésta no se explica sólo por ese fenómeno. Hay un componente cultural que desempeña un papel relevante y que tiene que ver con un sistema económico injusto, alienante y perverso. Un sistema que promueve el hiperconsumismo demencial al tiempo que niega a vastos sectores los medios para acceder a dicho consumo.