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A la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, quien mostró su propósito de investigar los crímenes cometidos durante el régimen militar y dipuso la instalación de una «Comisión de la Verdad».

La presidenta de la nación centroamericana informó de la creación de una comisión que deberá investigar un cementerio clandestino descubierto en un antiguo cuartel donde se sospecha que estén sepultados algunos opositores considerados desaparecidos.

Los sucesivos gobiernos autoritarios encabezados por militares que soportó Panamá entre 1968 y 1989 no fueron excepción a la norma y practicaron el terrorismo de Estado para combatir a la oposición. Según informes de organismos defensores de derechos humanos y de la Iglesia Católica, alrededor de setenta personas –militantes antidictatoriales apresados por las fuerzas de seguridad– figuran como desaparecidos.

La señora Moscoso fue sensible a los reclamos de entidades sociales y dispuso la creación de una «Comisión de la verdad». Adviértase que el nombre es significativo si se lo compara con el que ostenta la que opera en nuestro país.

Dijo la presidenta que los crímenes atribuidos a los militares se tienen que esclarecer «por las familias y por la justicia», y agregó: «No queremos persecución ni venganza, queremos justicia porque los asesinos andan sueltos.»

Con esta decisión, Panamá se encamina por la senda de la verdad y la justicia, algo que sistemáticamente los gobiernos uruguayos pos dictadura se han negado a enfrentar.

Es una decisión que dignifica a Mireya Moscoso y al pueblo panameño.