CRECIMIENTO Y REDISTRIBUCION (VIII) 01 de agosto de 2008, 04:28hs

La participación activa del Estado: clave de la redistribución

Hemos realizado siete notas a lo largo de estos meses en que planteamos los logros que en materia de mejora de la calidad de vida de la gente hemos realizado desde el gobierno del Frente Amplio.

Heredamos una situación extremadamente grave por una política equivocada en los años 90 y agravada por la crisis a partir de 2000.

En nuestros trabajos hemos denominado dicho modelo como LACE (Liberal, Aperturista, Concentrador y Excluyente). Hemos demostrado en estas notas que era posible comenzar el tránsito hacia un modelo regulador, distributivo e incluyente.

Un resumen de los logros que fuimos desarrollando en cada una de las notas anteriores se sintetizan en.

* Aumento de salario real que permite recuperar el salario perdido durante el gobierno anterior.

* Aumento a más del doble del salario mínimo nacional y de los mínimos de la mayor parte de las ramas de actividad.

* Aumento de más de 150 mil puestos de trabajo y formalización de un número superior a los 100 mil.

* Cerrar el año 2009 con un gasto sumado de ASSE, MSP, ANEP y Universidad de 1.650 millones de dólares multiplicando en dólares por 3 el gasto de la salud y la educación pública.

* En términos presupuestales no han sido éstas las únicas mejoras y sólo a vía de ejemplo destacar la ampliación y crecimiento de las asignaciones familiares para las cuales se incorpora para 2009 la suma de 431 millones de pesos.

* La incorporación de más de 450 mil menores de 18 años hijos de trabajadores al Seguro Nacional de Salud.

Es entonces que nos preguntamos ¿por qué se ha dado esto? ¿Por mecanismos automáticos? ¿Por las reglas del mercado?

No, de ninguna manera, Uruguay ya vivió períodos de crecimiento en donde la redistribución fue regresiva en contra de los trabajadores y los sectores más pobres (durante la dictadura) o fue muy menor respecto al crecimiento de la economía (gobierno de Lacalle).

En este gobierno ha habido una voluntad política expresa de poner en marcha políticas activas que orienten la asignación de recursos con el objetivo de redistribuir la riqueza y los ingresos.

Salir de la política de liberalización de la economía, de las desregulaciones que fueron la tónica de los años 90 y poner el Estado interviniendo al servicio de la economía y la sociedad. Crear un estado de bienestar moderno es la tónica de la estrategia del gobierno del Frente Amplio.

Sin duda, el desmantelamiento del Estado con el neoliberalismo de los años 90 y las secuelas de la crisis 2000 a 2003 ha hecho mucho más complejo y gradual este proceso de recuperación del Estado Interventor, pero la voluntad de recrear un estado de bienestar moderno está en la base de la política económica y social.

Por ello no se entiende cuando se habla de continuidad en la política macroeconómica de gobiernos anteriores o de liberalismo en el gobierno actual. Se trata de un serio error académico de apreciación o la voluntad política de desprestigiar a este gobierno.

Dicha política activa de redistribución de la riqueza, la recuperación de este estado de bienestar moderno está basada en un conjunto de políticas económicas y sociales entre las que cabe destacar:

La política salarial

Una política que ha definido como su objetivo recuperar el salario perdido en el gobierno anterior y aumentar los salarios mínimos.

Y que para ello ha puesto en marcha un instrumento muy eficiente para dicho objetivo que son los Consejos de Salarios tripartitos por rama de actividad, fijando pautas que permiten proteger el eslabón más débil de la negociación salarial que son los trabajadores. Sólo hay equilibrio en un marco de intervención pública y no dejando al mercado la regulación de los salarios que ha demostrado ser un factor de concentración de la riqueza.

La reforma tributaria

Es obvio que la tributación debe tener el objetivo de recaudar lo necesario para cubrir los gastos del gobierno.

Pero la estructura tributaria de un estado de bienestar no puede agotarse en ello, debe al menos:

* hacerlo con justicia distributiva ayudando a mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.

* estimular la inversión productiva en sectores prioritarios para el desarrollo y estimular el empleo.

Y la reforma tributaria claramente no es neutra, sino que se propone incidir en la asignación de recursos con los dos ejes planteados antes.

A vía de ejemplo:

* IVA, con tasas menores para los productos de la canasta familiar que reduce el peso del gasto en los sectores de menores recursos.

* Diferenciar el IRAE (impuesto a la renta empresarial) según se distribuyan utilidades o no gravando la empresa con 25% y adicionando un 7% cuando no se reinvierten dichas utilidades en la propia producción.

* Incorporar un deducible en el IRAE ligado a temas de innovación que es importante para el desarrollo tecnológico y ligado a la creación de nuevos puestos de trabajo, basado en mejoras salariales.

* Se mantienen las exoneraciones tributarias a las cooperativas de trabajo fomentando el empleo en la economía social y potenciando la autogestión como forma de organización del trabajo.

La reforma de la salud

La activa participación del Estado en la salud pública a través de cambios en el modelo de atención, gestión y financiamiento ha posibilitado el acceso universal a la salud y una mejora de la redistribución de los ingresos a varios niveles:

* Desde los mayores ingresos a los de menores ingresos

* Desde los de menor carga de enfermedad a los de mayor carga.

* Desde los jóvenes a los adultos mayores

* Desde Montevideo al Interior

Así el sistema es ahora universal, porque no hay persona sin financiamiento de su atención en salud, es solidario, porque dicho financiamiento es independiente de su nivel de ingreso y su condición de salud (riesgo); y es justo, porque cumple con la regla de asignar recursos en función de la necesidad de las personas y no en función de su posibilidad de compra.

La participación social

Toda estrategia de desarrollo debe ser pensada para la gente y diseñada con la gente, a través de las organizaciones sociales y gremiales donde participan.

La participación social se define a varios niveles.

Al nivel de la toma de decisiones donde se concretan formas de participación y control social en los propios organismos públicos.

A nivel de la organización privada donde los ámbitos de negociación incluyen todos los sectores involucrados.

A nivel de la implementación de las políticas públicas

A nivel del diseño de los ejes de la estrategia de desarrollo como por ejemplo el presupuesto nacional, los presupuestos municipales, los planes de vivienda o el diseño de las prestaciones del sistema de salud.

Concebir la participación de la ciudadanía por medio de los niveles mencionados favorece la visión global de las necesidades e intereses de la gente.

En esa dirección el gobierno ha establecido un número relevante de ámbitos de participación y un entrelazado entre todos ellos.

Dichos ámbitos van desde el Consejo de Economía Nacional, previsto en la Constitución de la República desde 1966 y nunca implementado por los gobiernos anteriores, con participación de empresas, sindicatos, movimiento cooperativo, entre otros.

Luego los ámbitos se desarrollan en las relaciones laborales (Consejos de Salarios), en las políticas sociales (por ejemplo usuarios, trabajadores y empresas en la Junta Nacional de Salud), en la discusión de la competitividad (comisiones sectoriales por rama de actividad), es decir desde lo productivo hasta lo social.

Sin duda que la participación social es un rasgo distintivo notorio de este gobierno. Basta mirar los ministerios y en todos hay, con diferente nivel de intensidad y de jerarquía, orga
nismos en los cuales los sectores sociales representados y sus opiniones se transforman en aportes sustantivos a las estrategias del gobierno.