Una vez más, la obligación de informar

A comienzos de esta semana, LA REPUBLICA informó sobre un cúmulo de situaciones anómalas ocurridas en el Banco de Seguros del Estado.

Se supo que a raíz de denuncias sobre maniobras ilícitas, las autoridades de la institución estatal habían dispuesto las correspondientes investigaciones administrativas, y que algunos de los funcionarios encargados de llevarlas adelante habían sufrido agresiones y amenazas de muerte.

Las maniobras se vienen produciendo desde hace aproximadamente dos años y en ellas estaría implicado algún alto jerarca de la institución; según los cálculos, el perjuicio sufrido por el banco rondaría los 25 millones de dólares anuales. Lo suficiente como para hablar de un escándalo y como para investigar a fondo los hechos delictivos de modo de terminar con la estafa y de aprehender a los involucrados, en caso –obviamente– de que se reuniera la prueba necesaria.

Las autoridades del banco dispusieron las medidas pertinentes, pero aparentemente los funcionarios encargados de las investigaciones se encontraron con que detrás de las maniobras operaba una sociedad para el crimen, una organización típicamente mafiosa que no dudó en apelar a sus métodos tradicionales de intimidación. Tres altos funcionarios –el subgerente general y dos subgerentes–, responsables de los sumarios, fueron víctimas del proceder de la organización criminal: hubo disparos contra el domicilio de uno de ellos, amenazas telefónicas contra otro y una brutal agresión física contra el tercero, que le hizo pasar 21 días en el CTI; por temor a represalias, ninguno radicó la correspondiente denuncia policial.

El hecho es de una gravedad inusitada. Y en modo alguno el cuerpo social puede permanecer indiferente ante el accionar impune del crimen organizado. En este turbio episodio está en juego no solamente el patrimonio de una empresa estatal que a todos pertenece y que debemos defender: está en juego la integridad física de funcionarios honestos y, en último término –aunque no por ello menos importante–, están en juego la credibilidad y el prestigio de las instituciones y del propio régimen democrático.

A todo esto, llaman la atención los pedidos de «desdramatizar» los hechos, formulados por jerarcas actuales del banco, quienes agregaron que no deberían merecer difusión pública.

Estamos de acuerdo en que no es conveniente ni ético magnificar ciertos acontecimientos con el propósito de escandalizar sin motivo (o con motivos espurios) a la opinión pública. Pero al mismo tiempo entendemos que es inconveniente y antiético ocultar hechos de la gravedad que revisten los que hoy nos ocupan. Cabe preguntarse por qué razón no habrían de divulgarse estos dolorosos acontecimientos (dolorosos y peligrosos), y quién se beneficiaría con el ocultamiento. ¿Alguien puede sensatamente sostener que hay que preservar a la sociedad y no alarmarla?

Una vez más aflora el absurdo criterio de ‘barrer bajo la alfombra’, de ‘mejor es no meneallo’ o de ‘tout va très bien’. La prensa independiente –en última instancia, toda la prensa– tiene no solo el derecho sino el deber de informar a la opinión pública, de divulgar los hechos de los que se entera, como única forma de preservar la salud de la sociedad para mantenerla alerta, pues la ignorancia de las calamidades nunca operó a la manera de un conjuro que las haga desaparecer.

Para luchar contra la corrupción y contra el crimen en general, no se ha inventado otro método mejor que la publicidad de los hechos. Solo en la medida en que toman estado público, podremos todos mantenernos alerta y exigir de las autoridades la adopción de las medidas pertinentes para combatir los flagelos que nos agobian.