La "tercera vía" del presidente Batlle

Carlos Santiago

Luego de «vender» casi la totalidad de las empresas públicas y traspasar al capital extranjero las privadas «nacionales», Argentina tiene hoy la mayor deuda externa de su historia: 150 mil millones de dólares, cuyos «servicios» estuvieron por suspender por la iliquidez de «caja» producto del creciente déficit. Claro está, porque el gobierno argentino sólo puede mitigar ese déficit fiscal actuando contra la lógica económica, sobre la base de nuevos impuestos, rubro en que la pauperizada población se muestra cada vez más morosa.

Sobre el punto existe un muy interesante trabajo del contador Ariel Alvarez (**), que demuestra que la propiedad argentina sobre los medios de producción (tanto públicos como privados) prácticamente ha desaparecido, y el flujo de ganancias se traslada invariablemente hacia el exterior, sin que prácticamente se reinvierta nada en el país.

La pauperización del mercado interno determina medidas «heroicas» del gobierno, que subsidia a algunas empresas privadas –con alta incidencia de mano de obra — como la industria automotriz, con transferencias expresadas en los llamados «planes recambio», en donde el Estado, endeudado y en crisis, se hace cargo de un «plus» que mantiene abiertas plantas que producen a costos desproporcionados para el resto del mercado latinoamericano (léase, especialmente Brasil).

El país vecino lleva treinta meses de recesión; algunos analistas afirman que, teniendo problemas coyunturales serios, su principal dificultad está en el manejo político deficiente de la coyuntura económica. Los rumores de una inminente suspensión de los pagos de la deuda externa fueron mucho más intensos tras la dimisión del vicepresidente Chacho Alvarez que antes, lo que impulsó al criticado Fondo Monetario Internacional, presidido ahora por Horst Kohler, a prestarle casi 40 mil millones de dólares, cantidad muy semejante a la que hace dos años concedió a Brasil y superior a la que en 1995 cedió a México para que superara la crisis de liquidez.

Claro está, este paquete de rescate es simplemente un volumen de dinero que sólo sirve para pagar al exterior, que ningún argentino verá, expresado en certificados del FMI, que, además, deja intacta la situación anterior. Las grandes empresas argentinas, hoy todas movidas por el capital extranjero, miran con ojos atentos lo que ocurre en el mercado interno que se sigue achicando y las «regalías» que pueden seguir recibiendo para su funcionamiento en ese territorio. La opción es reinstalarse en territorio brasileño, donde la reactivación marcha lenta, pero el mercado –quiérase o no– reacciona con una rapidez inusitada ante cualquier incremento de la posibilidad de compra.

Creemos –lamentablemente– que la suerte de Argentina está echada. Que cuando el tiempo, que corre en forma implacable, determine que el gobierno de De la Rúa deba hacer frente de nuevo a sus servicios con los acreedores externos, se renovará la crisis de confianza y se comenzará a hablar de dejar de lado el corsé, la convertibilidad, un verdadero currency board, sistema de cambios fijo instalado por el dúo Carlos Menem  Domingo Cavallo, que cada vez que sobreviene una situación límite es discutido por la rigidez que impone.

Si las tarifas no se pueden reducir en razón de la falta de políticas del gobierno que es incapaz de negociar con los «nuevos» dueños de las ex empresas nacionales, la reducción del precio de esos insumos vitales para el achicamiento de los costos, ¿cómo hará Argentina para vender su producción al exterior y, peor aun, cómo logrará llegar al mercado interno, pauperizado y en retirada? Si el gobierno uruguayo, siempre mirando lo que hacen los vecinos, espera que el «despegue» argentino sea el motor del nuestro, es evidente que podría equivocarse de nuevo y nuestra crisis, casi terminal para muchos sectores, será un desbarranque que podría llevarse lo poco que tenemos y multiplicar los aspectos negativos que ponen de manifiesto los indicadores que circulan.

No somos estatistas por convicción, sino que le asignamos a ese concepto un valor coyuntural y, en ocasiones, estratégico. Menos aun somos monopolistas, pues sabemos que ese concepto es hoy efímero, ante el avance de la tecnología, que impone de mil maneras cambios que modifican las más férreas disciplinas. ¿Para qué le sirve a Antel tener el monopolio de la telefonía básica, si es creciente el mecanismo impuesto para hablar al exterior (y también dentro de nuestro país) por otros medios, incluso utilizando sencillos programas de Internet? En Uruguay hay dos empresas, que ya se saltean a Antel y sus «servidores» se conectan directamente, vía satélite, con el mundo.

Pero, además, nos parece que existe un mal mayor en todo lo que ocurre. Los privatizadores de hoy, son los mismos que recaudan para el Tesoro Nacional las ganancias de las empresas públicas. No es claro que quieran que esta «viña del señor» se seque y dejen de seguir propiciando el derroche, habiendo creado privilegios insostenibles que ni siquiera alguna parte de la izquierda admite.

¿Cómo es posible que un profesor titular, investigador de la Universidad de la República o del Instituto «Clemente Estable», gane mucho menos que un portero de un banco del Estado? Podríamos hablar también de las jubilaciones que reciben los militares, de una Caja quebrada que debe estar sustentada siempre por el Estado, o sea, por todos nosotros. Para los demás se siguen aplicando los «topes» que muchas veces nada tienen que ver con los aportes realizados durante toda la vida.

Vivimos en el país de los hechos consumados, de un corporativismo evidente, que se mantiene año tras año, gobierno a gobierno, sin que nadie reduzca los privilegios que logran y que acrecientan algunos, mientras otros caen irremediablemente en una pobreza que está largamente cuantificada.

Ahora se habla de reactivar, para lo cual es necesario bajar los costos para posibilitar que nuestra producción sea competitiva. Hay dos caminos, uno, efímero y catastrófico, devaluar; otro adecuado y posible, reducir tarifas y, por supuesto, el costo del dinero. Los instrumentos para ello todavía están en manos del gobierno, pues los uruguayos no quisimos que se vendieran las empresas y, además, tenemos al Banco de la República, que debiera existir sólo para fomentar la producción y no para competir en el mercado financiero como uno más, dejando de lado su condición de líder regulador.

Los neoliberales ante estas afirmaciones dirán que las reglas del mercado son las que fijan esos precios. ¿Reglas que posibilitan imposiciones sobre el combustible de casi el 100%? Sobre los costos del dinero, podríamos decir que son los que se están pagando por un gigantismo burocrático de bancos que tienen, como buenos negocios, los créditos al consumo, con clarísimos niveles de usura en los intereses, y el recibir depósitos de no residentes.

El gobierno ultraconservador del doctor Batlle ha preferido una tercera vía, la más peligrosa: mantener todo como está para enancarnos –si ello ocurre– en la prosperidad que hipotéticamente se produciría del otro lado del río.

El FMI ha actuado para evitar el desastre argentino, pero no movió un dedo para influir en la sustitución de su modelo económico agotado. Es evidente que luego de este respiro de 40 mil millones, sobrevendrá otra crisis. Mientras tanto Batlle y su gobierno, con ojos azorados mirando el desastre de los vecinos, seguirán esperando que algún Dios pagano evite que sigamos cayendo en un pozo que, para muchos, será sin retorno.

Quizá para el país en su conjunto.

(*) Periodista.

(**) Ministro del Tribunal de Cuentas de la República.