La democracia y el cambio necesitan la verdad

Los impactos que se están produciendo en todo el mundo como consecuencia de la sospecha de los administradores de fondos de pensión, financieros o soberanos sobre la calidad de la información que está suministrando el banco central y la Tesorería de los EEUU nos aportan un ejemplo útil a los efectos de multiplicar los esfuerzos en la búsqueda de mejoras al sistema de comunicación e información nacional que hemos venido intentando activar a través de sucesivas contratapas de los domingos. El poder económico se debate en una confrontación por la verdad, sin la cual sabe que no puede soportar sus equilibrios básicos, aún apelando a la guerra o al intento de mantener reglas de comercio que ahora, además, los pobres del mundo intentan abrir y democratizar y con su activa participación en la finalización de la ronda de Doha.

La caída del dólar es la caída de la confianza en la capacidad de mantener estándares de información minimamente compatibles con las exigencias de una democracia fuerte. Norteamérica está perdiendo sus disciplinas básicas y una de las que más le duele es la tradicional fortaleza de sus instituciones reguladoras conformada en un diálogo informado con los ciudadanos a través de los mercados. EEUU está temiendo al mundo que aprende rápidamente lo que otrora era su activo exclusivo: la transparencia que dimanaba de explicitar correctamente y en tiempo, los naturales conflictos de intereses de los agentes tienen en sus transacciones y proyectos. Eso ya no es así y aterra ver los efectos devastadores de la opacidad pública y privada. Hay que leer los editoriales y columnas que ahora están yendo al fondo de las causas de esa pérdida de competitividad para comprender la razón del desasosiego estadounidense. En esa degradación institucional, la pérdida de la calidad de los sistemas de información que comunican a los ciudadanos entre sí y a estos con las instituciones es grave y esencial. Entre otras cosas porque eso no se puede corregir sentándose sobre las afiladas bayonetas, ni con esa inundación de dólares que Paulson y Bernanke derraman en el mercado para neutralizar las fracturas de las cadenas de pagos, pasando por arriba de cuanta regla y precaución existe.

Pero allá ellos por más que nos importe sobremanera intuir el final de su batalla actual. Uruguay está ensayando una propuesta de cambio de un gobierno democráticamente habilitado para ejecutar su propuesta. Y, efectivamente, en ese tránsito acelerado, a veces torpe y tantas veces desandado, este país, el cambio y sus fuerzas se están enfrentando a una de sus carencias estructurales históricas. Eso que exploramos en nuestras contratapas de los últimos domingos como problema vinculado a las libertades y a la calidad institucional del país, tiene una extensión concreta en el ámbito de la información económica. Por ahora importa saber que el gobierno no está lidiando bien con el riesgo moral, entendido este como riesgo de los efectos que tiene la asimetría de la información sobre los más desvalidos. En lo estrictamente económico no se trata sólo de saber por qué el canal de información de la política monetaria no está funcionando y entendemos poco de esa oposición de intereses naturales que tienen las diferentes instituciones del Estado. Importa que al gobierno no le está resultando fácil lidiar con esas debilidades. Ni con las ajenas ni con las propias. El ejemplo norteamericano también es útil en esta particularización de los problemas de la comunicación. No hay aparato ni dólares capaces de vincular la ciudadanía a la comprensión de temas complejos, esenciales.

Este quizás sea, realmente, el principal problema para el desarrollo de un proyecto de cambios y fortalecimiento institucional progresivo y sustentable en el largo plazo. Es también, y por ello, el problema que explica pord qué dos de cada tres unidades de ahorro de los uruguayos se colocan en los bancos, a la vista y en moneda extranjera, en vez de converger a financiar proyectos públicos y privados de inversión. Esto no se arregla ni se comienza a arreglar sin que la discusión comience a ser más concreta. Las empresas públicas, los reguladores, los organismos de la enseñanza, la administración, deben dar el ejemplo y presidir su transformación con un proyecto de apertura y rendición de cuentas a sus dueños bien diferente a las disponibles actualmente. Y eso no tiene nada que ver con la propaganda, ni con la voluntad de improvisar soluciones artesanales.