El significado de la marginación del Parlamento

Alfredo Errandonea *

El trámite parlamentario seguido por la primera ley de urgencia y la presupuestal, y el que seguirá la segunda Ley de Urgencia en este primer ano del ‘nuevo’ gobierno encabezado por Jorge Batlle, han evidenciado la marginación efectiva del Poder Legislativo como ámbito de debate político y de elaboración de las leyes, llevada a cabo por una mayoría de sus propios miembros pertenecientes a los partidos coaligados. En estos casos, ambos contingentes parlamentarios tradicionales participan con el Poder Ejecutivo en la verdadera discusión y elaboración de la leyes importantes; que en realidad deciden por transacción mutua las cúpulas directrices colorada y blanca. El acuerdo a que lleguen es llevado como paquete «indesatable» a los plenarios de las respectivas cámaras, para ser ratificadas sin más por los representantes de ambas colectividades.

Cuando en el trámite parlamentario se producen bloqueos, interrupciones, incidentes, modificaciones de una cámara de lo resuelto por la otra, o se traba de alguna manera el proceso, como ha ocurrido en los ejemplos citados, que en realidad están estrenando el sistema; no es porque se dé en ese escenario un verdadero debate, no es el resultado de la discusión con la oposición. Es que en el proceso extraparlamentario los dirigentes mayores de los partidos tradicionales –que ni siquiera son parlamentarios– no han logrado aún atar un acuerdo recíproco; son la expresión del retraso de su elaboración en común.

Pero cuando ese acuerdo llega, no importan las desprolijidades que él contenga; no importa que las leyes de urgencias incluyan las más variadas materias en verdaderas «leyes ómnibus», muchos de cuyos contenidos no tienen nada de «urgente»; no importa que la ley presupuestal contenga disposiciones que no pueden ser materias de ella; no importan las objeciones que se le hagan, aunque algunas de ellas puedan ser lógicamente ilevantables. La labor está hecha en otro ámbito, y no es «tocable». El carácter de Ley Presupuestal o de Ley de Urgente Consideración, sólo son marcos formales para arrinconar a ambas cámaras en plazos acotados, para mayor eficacia de la imposición de la fórmula elaborada por el gobierno de coalición, ejercido desde las direcciones nacionales de los partidos partícipes.

Mas allá de la expresión formal y las definiciones jurídicas, el sistema político uruguayo ha venido acentuando desde hace décadas su caracterización presidencialista. La última reforma constitucional contribuyó con algunas disposiciones expresas en ese sentido. Pero nada fue tan eficaz para ello como la práctica de hecho de la conformación de la coalición parlamentaria del blanquicoloradismo. Claro que con ese fin debió reforzarse una disciplina parlamentaria extrana a nuestra tradición. Lo que no fue obstáculo para lograrlo, porque la real determinación de la nueva práctica fue el cambio operado en el mapa electoral que destruyó el viejo ‘bipartidismo aparente‘ que caracterizó en el pasado al sistema de partidos uruguayos, sustituido por la mayoría relativa del frenteamplismo en un esquema tripartidista.

Hasta los anos sesenta inclusive, el sistema de partidos del país se caracterizaba por la distribución del noventa por ciento de los votos entre los dos partidos tradicionales con posibilidades de rotación en el poder entre ellos (por eso «bipatidismo«), aunque tales partidos eran en realidad aglomerados de sectores que no compartían una disciplina partidaria parlamentaria que unificara el pronunciamiento de cada «lema» (por eso «aparente» en la vieja tipología de Duverger). Pese a esa estructura electoral, bajo ese sistema, no existió históricamente ninguna decisión política importante en el país que no tuviera la participación de fragmentos de ambas colectividades tradicionales. Pero a partir de los anos setenta, la magnitud de las votaciones no tradicionales comenzaron a crecer sostenidamente, hasta la actual realidad en que este segmento del electorado supera a cada una de las conjunciones tradicionales. El cambio electoral respondió a la progresiva pérdida de consenso del sistema, que se fundaba en el quebrado «modelo batllista» de la primera mitad del siglo, y condujo a la elite política gobernante a una estrategia de acercamiento de las colectividades tradicionales y a la asunción por parte de ellas de la disciplina parlamentaria –ahora en conjunto– que tanto habían rehuido en el pasado. Además del establecimiento del balotaje para retener al Poder Ejecutivo (principal objetivo de la última reforma constitucional), desde el cual ejercer el poder político con mucha mayor secundarización del Parlamento, relegado a órgano homologador.

Esta es la lógica de funcionamiento actual del sistema, que se ha convertido en más presidencialista que nunca. Paradójicamente, cuando la oposición antitradicional es más numerosa en el Parlamento, las organizaciones no partidistas de la sociedad civil –los sindicatos, los gremios, los movimientos sociales– han perdido gran parte de su capacidad de presión, aunque puedan contar con esa oposición parlamentaria que tiene más votos que nunca. Hoy sólo pueden contar con las fisuras que puedan producirse en la coalición; cuando su socio menor eluda quedar demasiado flagrantemente «pegado» a promesas incumplidas por el Poder Ejecutivo, como ocurrió en el Presupuesto con el tema de la Ensenanza o el de las Intendencias. Es el único intersticio que el sistema le deja a la resistencia de las organizaciones populares; además, claro está, del bastante costoso de los plebiscitos, cuando ellos son posibles. O sea que, en sustancia, el Parlamento en sí ha perdido toda gravitación, más allá de cualquier consideración jurídica o institucional, en definitiva formales, aunque también en ellas se haya reforzado el presidencialismo.

Esta es la real explicación del espectáculo político que estamos presenciando y con cuya descripción iniciamos estas líneas. Pero claro: en la medida en que los partidos Nacional y Colorado mantengan la orientación que han venido siguiendo –y que se empenan en continuar, pues a ello están determinados desde el exterior– no hay razones para suponer que el proceso de transformación de la estructura electoral se vaya a detener. Por el contrario, hay que pronosticar que continuará, que la mayoría relativa no tradicional llegue a convertirse en absoluta, que los partidos tradicionales avancen en su proceso de fusión para enfrentar esa nueva mayoría; lo cual conduciría a la conformación de un nuevo bipartidismo, como lo he afirmado desde hace bastante tiempo. Cuyo futuro dependerá en gran medida de que la conjunción no tradicional logre eludir las condicionantes externas que empujaron a los partidos tradicionales hacia su colapso, que pueda llegar a formular un verdadero modelo alternativo viable, que por el momento no está a la vista. Pero éste ya es otro tema.

* Sociólogo