La emergencia de la discusión programática y su comunicación

Impuesta por la precipitación del debate sobre las candidaturas, emerge la discusión sobre el programa. En su acepción más amplia y trascendente. Surge en la lógica y el cronograma electoral, en un escenario de democracia robusta y en consideración a la inteligencia de la gente que, a diferencia de lo que sucede en otros lares, prefiere saber qué piensan sus representantes antes que elegirlos en función de su historia. Esa discusión tiene un cronograma: su primera etapa finaliza en diciembre y tiene al Congreso del Frente Amplio como una referencia clara. Allí, la fuerza política mayoritaria deberá laudar una discusión que en ese entonces será necesariamente muy abierta y muy compleja si, a esa altura, el Frente Amplio ha decidido clara y homogéneamente mantener la unidad, en las banderas, en el lema y en el acuerdo de un programa de gobierno que ya no puede tener las imprecisiones actuales.

Pero no es sólo el Frente Amplio es el que tiene que enfrentar una discusión programática de ribetes inéditos. El resto de las representaciones políticas van a enfrentarse a una complejidad similar. En ninguna de ellas va a ser sencillo conciliar la unidad y la precisión de un programa que, ahora, nadie debería redactar con las licencias de antaño. En la perspectiva del entorno que vincula a un país chico con el mundo, los gobiernos locales tienen cada vez menos margen de maniobra. En tanto, en esos límites estrechos en los cuales se mueven las fuerzas políticas para asumir la representación práctica de la voluntad de sus electorales, los programas preelectorales deben aproximarse cada vez más a los programas de gobierno.

El programa debe fincar en la historia; pero debe ser esencialmente un documento de futuro. Debe señalar los grandes objetivos que constituyen la idea de Nación, reconocerlos y anteponerlos: soberanía, integración abierta, sentido de pertenencia universal; debe eludir los lugares comunes de la nacionalidad excluyente. Debe explicar la vocación de inclusión social desde una perspectiva que rebase la inmediatez y no naufrague en visiones cortopolaciastas evaluables por indicadores parciales: por ejemplo, los de la distribución del ingreso sin consideración de la acumulación del capital social y del conocimiento individual. Debe resolver de una vez por todas la confusión de las competencias del Estado, lo paraestatal y lo privado. Debe redefinir el concepto de competencia y precisar los preceptos constitucionales respecto a la propiedad privada y el medio ambiente. Debe redefinir los objetivos del Estado, sus funciones principales. Laudar en la imprecisión de la Misión y ubicación de las instituciones regulatorias. Debe redefinir las responsabilidades exigibles a los servidores públicos. Debe rescatar la responsabilidad individual como pilar de la construcción de razonabilidad y compromiso social. Debe proponer otra exigibilidad de transparencia, de registros y rendición de cuentas; no sólo de contribuyentes y empresas sino de todo aquel que reciba una prestación y debe responder por la calidad del servicio prometido. Debe reelaborar la defensa social de los riesgos morales y asegurar que la discriminación en el usufructo de la información pública no generará daños irreparables para los más débiles. Debe garantizarnos que hay seguros activos frente al riesgo de la pérdida de calidad de la educación; abrir en tanto una discusión más ambiciosa de políticas partiendo de definiciones más claras frente a los problemas que la modernidad propone respecto a la laicidad, las autonomías y la responsabilidad de quien decide educar.

Los medios de comunicación van a ser los conectores selectivos de esa discusión trascendente. En nuestra capacidad de advertir lo esencial de ese debate que se abre cifra la sociedad gran parte de su esperanza respecto a que esa discusión arribe a buen puerto y no se transforme en una monserga de lugares comunes. Esa ubicación atenta frente al debate no será sencilla. Vamos a hacer la crónica de su desenlace e intentar anticiparlos; vamos a buscar sus documentos y ofrecerlos. Vamos a promover aquello que, al menos, desde esta adhesión crítica a la experiencia del primer gobierno de izquierda nos parezca útil no sólo como guía de las políticas en el caso de una nueva victoria en las próximas elecciones, sino como contribución esencial a la construcción de razón. En esos agrupamientos de la izquierda que acompañamos, pero también razón de la sociedad en su conjunto.