Inmigrantes: una batalla de todos

El Parlamento Europeo, órgano legislador de la Unión Europea (UE), aprobó este miércoles la controvertida Directiva de Retorno, una ley que ordena el encarcelamiento en centros especiales de los inmigrantes no regularizados por un período que va desde 6 a 18 meses, sin derecho a un proceso jurídico, informó ayer Telesur.

El texto fue aprobado sin las modificaciones que habían planteado los movimientos progresistas, con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas. La Directiva de Retorno, que el 5 de junio fue aprobada por los ministros de Interior de los 27 países de la UE, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

La socialista francesa Martine Roure denunció un compromiso muy insatisfactorio con el cual Europa se encierra, mientras el presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró la semana pasada a la medida como una ofensa para los pueblos. En un artículo publicado por el diario francés Libération y posteriormente reproducido por LA REPUBLICA, Morales hizo un llamamiento a la conciencia de los dirigentes y diputados europeos, «ciudadanos y militantes de Europa» para que sea rechazada esa iniciativa.

La ley ignorará todos los derechos internacionales de los niños y adolescentes, que podrán ser igualmente encerrados si son capturados y están solos. Todos los afectados serán tratados como criminales y tendrán entre 7 y 30 días para abandonar voluntariamente el país europeo donde se encuentren. El retorno forzado «puede obligar a los inmigrantes a volver a los países por los que pasaron antes de entrar en territorio europeo incluso si no tienen ningún vínculo con el mismo», destaca la ley.

Contra la Directiva de Retorno se tienen pautadas varias jornadas de protesta, como la que ocurrirá el 21 de junio en varias ciudades de España, organizada por la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) junto a decenas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes y organizaciones sindicales. En nuestro país el Senado de la República rechazó por unanimidad la iniciativa europea. «La decisión anunciada por el Parlamento Europeo de votar una directiva sobre retorno de los emigrantes y disponer de incentivos económicos para que ello se concrete, constituye una violación a los derechos humanos básicos y en particular al derecho a la libre circulación internacional», expresa la resolución.

Asimismo entiende que la decisión de aumentar a 18 meses la internación de inmigrantes sin papeles, «consagra una privación de libertad que se convierte en una verdadera pena de prisión». En su declaración los senadores de nuestro país sentencian que se trata de «una flagrante incongruencia de la nación europea que nutrió de inmigrantes a América Latina y que se ha beneficiado de la capacidad de trabajo, de la honestidad y el esfuerzo de miles de inmigrantes».

A la vez la Cámara Alta resolvió «hacer conocer a los organismos de la ONU este rechazo, así como convocar a todos los parlamentos de América Latina a sumarse a esta posición y trasmitir a sus gobiernos la necesidad de tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del Derecho Internacional».

Es de esperar que esta actitud unitaria, patriótica, democrática y profundamente humana que ha asumido el Senado de la República sin ningún voto en contra, cuente con el inmediato apoyo de nuestros queridos gallegos, italianos, judíos, yugoslavos, rusos, polacos, húngaros y árabes, etcétera, que hoy residen en nuestro territorio y que ya son parte definitiva de la ciudadanía oriental.