Los verdaderos obstáculos a la pacificación

Según ha trascendido, se estaría impulsando nuevamente una instancia de reconciliación entre las principales fuerzas que en el pasado se enfrentaron al margen de la Constitución.

 

Se ha señalado que es intención del presidente que representantes de los guerrilleros tupamaros y de los militares que los combatieron procedan a un mea culpa como forma de hacer efectivo el Nunca Más del 19 de junio y dar vuelta la página definitivamente.

 

Paralelamente, el pasado miércoles 11, al tratarse en el Senado una de las tantas leyes de reparación a víctimas de la represión dictatorial (en el caso, los ex trabajadores de la industria frigorífica), se suscitó una pequeña polémica cuando el senador Francisco Gallinal puso en un mismo plano la Ley de Amnistía a presos políticos, la Ley de Restitución de Funcionarios y la Ley de Caducidad, considerando que habían sido los pilares sobre los cuales se construyó la pacificación después de la dictadura.

 

Por supuesto que tal afirmación provocó la inmediata reacción de los senadores frentistas, pero más allá de la anécdota, el episodio es elocuente respecto a que la Ley de Caducidad no fue una ley pacificadora. Cuando han transcurrido más de veinte años de su aprobación, la ley que consagró la impunidad para los terroristas de Estado sigue siendo un obstáculo insalvable para la pacificación.

 

Pero cabe preguntarse por qué la norma aludida no promovió la pacificación, y la respuesta es bien sencilla: porque fue una ley que exculpó directamente a los asesinos y torturadores ahorrándoles, de paso, cualquier comparecencia en los juzgados.

 

A partir de ahí, envalentonados con esa ley vergonzosa y con el espaldarazo de los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1985 a 2005, fácil es comprender que hayan estrechado filas y se hayan comprometido al silencio repugnante que impide saber toda la verdad sobre la represión dictatorial. Fue, por tanto, una ley esencialmente injusta; y como se sabe, harto difícil es propender a la pacificación sobre la base de la iniquidad.

 

Cuando se habla de proceder a un mea culpa de parte de los ex guerrilleros y de los militares, está prevaleciendo, una vez más, la teoría de los dos demonios, tan cara a la derecha democrática. Recordemos que tanto los tupamaros como los militantes de la Organización Popular Revolucionaria Treinta y Tres Orientales, pagaron con su vida, con la mortificación de su cuerpo y de su alma, con la cárcel en condiciones inenarrables o con el exilio, los delitos cometidos; algo que no ocurrió con los centuriones que los combatieron.

 

Y recordemos, sobre todo, que la casi totalidad de las desapariciones, las sesiones de tortura (de las que muchas veces resultó la muerte de la víctima), los asesinatos, la cárcel y las vesanias sufridas ocurrieron bajo el régimen dictatorial y fueron prácticas llevadas a cabo, no contra guerrilleros (cuyas organizaciones ya estaban desarticuladas) sino contra militantes antidictatoriales que se habían rebelado y lucharon contra la tiranía, practicando la consigna estampada en el Himno Nacional: “si tiranos, de Bruto el puñal”.

 

Por otra parte, las organizaciones guerrilleras que actuaron en los sesenta y hasta comienzos de los setenta han hecho una autocrítica, han reconocido su participación en acciones bélicas y han pedido perdón por ciertos actos. Por tanto, quienes siguen estando en deuda con la sociedad son los terroristas de Estado que, o no han proporcionado datos sobre los desaparecidos o los han falseado, y jamás procedieron a un acto de contrición. Pacificación con ‘omertà’ es tan inconcebible como un cuadrado circular.