Confianza política y soberanía energética

No es posible, ni conveniente, modelizar la política. Sin embargo frente al vértigo de amenazas y oportunidades que la emergencia internacional genera para un pequeño país como Uruguay, sería óptimo disminuir las incertidumbres inherentes al juego de la política menuda. No se trata de limitar nada sino, quizá, de empujar algunas soluciones a problemas con los cuales ya convivimos demasiado tiempo.

Ojalá la crisis energética no obligue a adoptar políticas de Estado surgidas del imperativo del miedo y las rupturas. El país no se merece otro 2002, ahora energético. Es notorio que está faltando algo para que la Nación despegue definitivamente de ese nicho de vulnerabilidad permanente a la cual nos hemos acostumbrado. Probablemente eso tenga que ver con una convergencia real hacia políticas de Estado capaces de generar seguros o grandes consensos sobre los cuales los gobiernos de una época y no de un período, avancen con más audacia y seguridad.

Este tema de la carencia de políticas de Estado está obstaculizando el avance, no sólo por el riesgo de la reversibilidad en el marco de un cambio de administración sino porque este mismo hecho determina que la conversación dominante mantenga un grado de confrontación sectaria y pobre. Hay un freno presupuestal a la innovación y la inversión de riesgo mayor del Estado en la resolución o regulación de la acción de otros en la resolución de problemas serios.

La infraestructura física y humana del país está ofreciendo señales de saturación e insuficiencia. No se trata sólo de lo energético, sino del armado mismo del Estado moderno para cumplir sus funciones básicas. Lo mismo sucede con el sector privado nacional y las familias. Los uruguayos no estamos utilizando el momento a pleno. Y esto puede ser un riesgo mayor porque, como se sabe, el mercado descuenta en presente los riesgos futuros. El problema es esencialmente político.

El ejemplo más dramático es, naturalmente, el provocado por la inseguridad energética. Uruguay esta pagando un sobreprecio de la imprevisión, de la escasez de inversión, de la falta de profesionalismo y creatividad para resolver su independencia energética que asombra. Los gobiernos conocen el problema y viven aterrados sin que de ello emerja ninguna solución creativa, audaz, estimulante de la participación público-privada en la asunción de políticas de choque, capaces de sacarnos en tiempos breves y exigibles del marasmo y el riesgo actual. Y las soluciones no aparecen porque en materia energética, más importante que la prospección, los fierros o los majestuosos oleoductos, es la existencia de aquella irreversibilidad de las decisiones apropiadas asumidas como victoria de los grandes consensos.

La provocación de asegurar la soberanía energética está allí. No sólo para resolver el problema «físico» más importante que tiene el desarrollo, sino para otorgarle a quien se anime, la oportunidad de celebrar un prototipo de un contrato blindado por la aceptación de grandes mayorías; utilizable como modelo de otros emprendimientos nacionales. Es imposible soslayar el riesgo de continuar evadiendo el problema o contentándonos con aumentos marginales de capacidad instalada.

Hay diagnósticos de sobra. Se ha dicho con razón que Uruguay podría constituirse en exportador neto de energía de bajo costo relativo. «No hay déficit de petróleo sino de confianza en la capacidad de cumplir y mantener las reglas» ­reza uno de los cabezales de un diagnóstico reciente. Luego serán las enormes inversiones en usinas regasificadoras de alto porte, o la energía atómica, o la localización nacional de la investigación del hidrógeno. Eso es lo de menos. Lo que nos está faltando es esa audacia política capaz de utilizar las nuevas plataformas generadas en estos años.