El shock privatizador

El paquete de disposiciones legales configurados por las dos leyes de Urgencia y el Presupuesto General más el Mensaje Complementario constituyen una especie de radicalización de la línea privatizadora que se venía desarrollando en los últimos años.

El asunto tiene varias aristas igualmente importantes.

Por un lado, el empuje privatizador se da simultáneamente con un agravamiento intenso de la crisis económica: los guarismo anunciados hace tres días, referidos al crecimiento por encima de 14.5 % de la tasa de desocupación y las dificultades anotadas en un número creciente de sectores productivos, especialmente del agro, muestran una realidad que retrotrae al período de la dictadura cívico-militar cuando la desdichadamente célebre «caída de la tablita».

En un contexto así, cuando más se hace necesaria la presencia «amortiguadora» del Estado, cuando los organismos de gran peso económico pueden desarrollar «políticas de emergencia» a favor de determinados sectores productivos se opta por disminuir sus áreas de acción a favor del sector privado (y extranjero) de la economía.

El ritmo vertiginoso, a través de la aprobación de las leyes señaladas, que se le está imprimiendo a los cambios en la estructura legal del país instala la sensación de que se marcha con rapidez a una situación difícil de controlar.

En cierto sentido, da la impresión de que la sociedad en su conjunto recién está tomando cabal conciencia de la magnitud de los cambios que se están sustanciando.

La modalidad «supersónica» que predominó en el tratamiento parlamentario de normas fundamentales, es decir la ausencia de una real y serena discusión, hace que hoy la sociedad recién esté tomando cuenta de la gravedad de las decisiones adoptadas.

Sólo en lo que tiene que ver con los Entes Autónomos, los pasos determinan modificaciones sustanciales.

Hay, para empezar, una merma importante de los niveles de autonomía de gestión, que aparece fuertemente limitada por disposiciones del artículo 23 de la Ley de Urgencia, fortaleciéndose las facultades de los organismos centralizadores como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la propia Presidencia de la República.

Varios Entes son afectados, además, por las modificaciones a las normas que regulan las pasantías y la actividad de los becarios.

En el caso de UTE el número de trabajadores en estas condiciones es alrededor del 10% del total.

También son importantes en Ancap, donde un buen número de trabajadores técnicos calificados (86) que trabajan en actividades de importancia estratégica, se encuentran en estas condiciones.

El proceso más extremado de privatización es el que ha diseñado para la telefonía celular administrada hasta ahora por Antel a través de Ancel, aspecto que viene siendo difundido con más amplitud dadas las decisiones de fuerzas políticas y sindicales de habilitar un referéndum para cuestionar el proceso que habilita a la privatización.

Otro tema menos conocido es el que tiene ver con la Terminal de Contenedores de la Administración Nacional de Puertos.

Un excelente documento difundido en las últimas horas por el PIT-CNT (Instituto Cuesta-Duarte) en el que hace una actualización general de la cuestión de las privatizaciones, da cuenta que «la subasta está prevista de tal manera que sólo una empresa transnacional podría presentarse como candidata…»

El negocio tiene ramificaciones hacia la posible utilización del muelle de ex frigorífico Swift, las operaciones en la Zona Franca, la habilitación de Punta del Canario en Rincón del Cerro como puerto.

En torno a estas actividades altamente lucrativas aparecen merodeando entidades como la Secta Moon o grupos extranjeros que ya tienen una fuerte presencia en los negocios de exportación-importación en Zona Franca o en el Puerto de Montevideo.

Un mundo de cambios en un lapso sumamente breve.

Lentamente, la sociedad va tomando conocimiento y las primeras reacciones son de sorpresa y –en algunos casos– de protesta.