Por una reforma del Estado integral

El gobierno del Frente Amplio entendió desde un principio que la tarea fundamental e ineludible que tenía por delante era transformar una estructura caduca de país en algo moderno, ágil, acorde con las necesidades y exigencias de un mundo globalizado y, sobre todo, más justo, no hecho a la medida de las necesidades de unos pocos, sino buscando sentar las bases de una nación en la que todos tenemos los mismos deberes y derechos.

De esa concepción surgen las numerosas reformas que se han iniciado en derechos humanos, reforma fiscal, educativa, de la salud, del Estado, por nombrar algunas de las más conocidas. La reforma del Estado está en gestación, no es nada sencillo, ya que busca salir de un Estado clientelista, autosuficiente y alejado de la actividad de los ciudadanos, en un instrumento que facilite condiciones óptimas de eficiencia, productividad, seriedad y seguridad para los ciudadanos, para los empresarios, los trabajadores, los inversores nacionales y extranjeros y para los turistas. Una apuesta que «no es moco de pavo». Pero que hay que hacerla. Naturalmente que este largo proceso que se inicia tiene un presupuesto ineludible, que es mejorar la calidad del servicio donde juega un rol importante la preparación, dedicación, y responsabilidad de los funcionarios públicos. Se debe desterrar el concepto enraizado en muchos de ellos sobre la inamovilidad como un dogma sagrado y la idea que no importa demasiado cómo se hacen las cosas. Naturalmente, no todos tienen esta concepción, pero que existe, existe.

En estos días estamos presenciando un hecho llamativo en una repartición estatal: la fiscalía. Se trata de la acusación por difamación e injurias que estampó la sobrina del dictador Gregorio Alvarez (hoy procesado y recluido en prisión cinco estrellas) contra la periodista Ana María Mizrahi. La señora aludida tiene el derecho de realizar las acusaciones que se le ocurran, eso no se discute. Lo que llama la atención y por ello apuntábamos sobre la preparación y calidad en la preparación para llevar a delante un cargo en el Estado, es la actitud asumida hasta el momento por la fiscal. En primer lugar recordemos que la fiscal Brenda Puppo reconoció en la instancia que no conocía el programa de Mizrahi y que ni siquiera sabía el nombre del mismo, lo cual demostró que ya empezamos mal, puesto que por responsabilidad profesional debería haberlo visto alguna vez para poder conocer el tenor del mismo, cómo se trata a los entrevistados, etc. Pero tal vez lo más insólito y no estaría de más que los superiores de Puppo tomaran cartas en el asunto en algún momento es que la fiscal preguntó a la periodista porqué había elegido entrevistar al tupamaro que reconoció que él había muerto al hermano de Gregorio Alvarez y no había sido otro compañero suyo quien las fuerzas armadas pensaron siempre que lo había hecho. También preguntó a Mizrahi si ella venía siguiendo el tema, si había existido un acuerdo previo con el entrevistado sobre los términos de la entrevista y llegó al absurdo de preguntarle porqué no censuró el reconocimiento del militante del MLN que reconoció haber sido el autor material del hecho.

Que una fiscal, representante del gobierno y la sociedad, incrimine a una periodista por no haber censurado la declaración que le formula voluntaria y libremente un ciudadano no solamente es llamativo, pensamos que no puede quedar por esa. Que una fiscal desconozca que la Ley de Prensa establece claramente que cuando está identificado el autor de las declaraciones, el periodista no es responsable de los dichos, es sumamente grave y descalificador.

No pretendemos un linchamiento de esta profesional, simplemente nos unimos a las numerosas voces que han presenciado con gran sorpresa la conducta de esta representante del Estado que nos retrotrae a las épocas de Alejandro Magno ( «maten al mensajero»). Sin duda que el juez de la causa hará primar la cordura y la ley, de eso estamos seguros, pero la actuación fiscal en este caso viene a ratificar la necesidad de mejorar la calidad de los servicios que presta del Estado y una forma para lograrlo es la calificación adecuada de sus funcionarios.