Los hombres ¿saben representar los derechos de las mujeres?

La baja representación de mujeres en cargos de decisión, de poder y de prestigio es uno de los indicadores de la desigualdad que opera en la sociedad y que atenta de forma particular sobre los derechos de las mujeres.

 

No hay dudas de que la carrera de obstáculos para acceder a los lugares de decisión es distinta de acuerdo al sexo y al género, siendo mucho más complicada para las mujeres por eso hay tan pocas en esos lugares, siendo tantas las que están en las bases de las estructuras que sostienen a la instituciones (políticas, sindicales, partidarias, sociales y familiares).

 

El mensaje que emite el día 14 de mayo el Partido Nacional en el debate en Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley de cuota política, es una nueva demostración de que muchos hombres no tienen el menor problema de defender sus privilegios a costa de los derechos de otros, en este caso de las otras. Mensaje que se suma a los emitidos por representantes de todos los sectores que no tienen mayores dificultades en seguir considerando este tema como un tema menor, no prioritario y que no afecta demasiado a la realidad nacional.

La demora y los argumentos usados para resistir a toda medida que tienda a enfrentar la subrepresentación de mujeres en el sistema político, no sólo atenta contra los derechos de las mujeres que están en las estructuras partidarias, sino que afecta a todas. Porque la participación plena no es un derecho para una élite ­o no debería serlo­ sino un derecho adquirido y una condición de ciudadanía. Poder elegir y ser electo no tiene todavía para las mujeres la misma ecuación que para los hombres. Las mujeres somos el 52% del electorado pero apenas alcanzamos al 12% en la representación parlamentaria, y aún se está a mitad de camino del 50/50 en el Poder Ejecutivo, en cargos que se designan por la voluntad política. En las estructuras partidarias las instancias de dirección son predominantemente masculinas y muchas mujeres desde hace mucho tiempo no encuentran en esos espacios las condiciones mínimas necesarias para poder incluir una agenda que atienda las causas para enfrentar la discriminación por razones de género y revertir sus consecuencias.

 

La sociedad uruguaya y el sistema político tienen un problema porque está demostrado que la subrepresentación de mujeres es un déficit democrático violatorio de los derechos humanos.

Poco se ha escuchado por parte de los líderes políticos de su preocupación por atraer más mujeres a la política y a sus estructuras. Poco parece preocupar que en la oferta electoral no haya lugar para las mujeres, aunque el electorado manifiesta querer poder votar también a mujeres. Casi nada les importa y no se sienten aludidos ante la interpelación de que están defendiendo sus «sillas» a las que temen perder ya no sólo por la histórica competencia entre «iguales». Ahora se suman estas «advenedizas» que quieren llegar «por el camino corto». La medida de acción positiva necesaria para superar una desigualdad obvia se convierte en una suerte de «avivada» de las que quieren hacer carrera política. Difícil ante estos mensajes sentirse representada por nuestros representantes. Difícil creer en los partidos políticos y en su capacidad de agenciar los intereses de la ciudadanía. Cada vez más difícil sentir que los hombres velan por las necesidades de las mujeres. Y para muestra, sobran dos botones, los proyectos de ley de cuota política y de salud sexual y reproductiva, legislatura tras legislatura, con mayoría masculina, fracasan. Nunca son oportunos, jamás alcanzan los votos necesarios, siempre son postergables y, en demasiadas ocasiones, son la moneda de transacción para otras negociaciones políticas.

En estas condiciones y ante estos mensajes, se vuelve cada vez más complicado para las mujeres mantener la confianza en los hombres que nos representan. No sentimos que velen por nuestros intereses y tampoco que promuevan, respeten y defiendan nuestros derechos. Entre otras cosas, por eso también queremos estar en los lugares de poder.

 

Para que la democracia sea de mejor calidad y para que en la sociedad haya igualdad de oportunidades y condiciones deberán romperse los techos de cristal que impiden el ascenso, al mismo tiempo que transformar los pisos de barro que siguen imposibilitándoles a las mujeres la participación plena. Esta exclusión le significa al país no contar con todas sus potencialidades en materia de recursos humanos y se pierden los aportes de la mitad de su población. La política, la academia, los sindicatos, los partidos políticos, las empresas y las organizaciones sociales no pueden darse más el lujo de perder las capacidades que están en más del 50% de la población. Quizás hasta ahora pudieron hacerlo sin nosotras pero desde hace tiempo las mujeres queremos «la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder». Queremos ir a más porque, entre otras cosas, tenemos ganado el derecho de exigirlo.