El procesamiento de un ex intendente

l procesamiento de Serafín Bejérez (en rigor, su segundo procesamiento) es un hecho que merece analizarse con serenidad.

En primer lugar, en la última mitad del siglo que expira no se registran casos de intendentes municipales hallados culpables de delitos. Hubo sí algunos casos que escandalizaron a la población pero que o bien no constituyeron delitos o bien el juez actuante no pudo reunir la semiplena prueba que lo habilitara a decretar el procesamiento.

La decisión judicial del lunes lleva a dos el número de figuras nacionalistas de primer nivel –concretamente pertenecientes al Herrerismo– procesadas por la Justicia en los últimos cinco años, luego del fallo contra Braga. Ello sin contar todas las situaciones oscuras en que se vieron involucrados otros dirigentes herreristas sobre quienes recayó una tupida sombra de sospecha: lo que el presidente del Honorable Directorio llamó en su momento la ’embestida baguala’.

Independientemente del conflicto generado en la interna blanca –y sin que ello implique una toma de posición que no nos corresponde–, no se trata de una confabulación montada por los adversarios del doctor Lacalle para perjudicarlo como éste sugirió. No: hay elementos de juicio, pruebas objetivas que permiten arribar a la conclusión de que, por la razón que sea, en ese sector nacionalista parecen haberse dado cita ciertas figuras que son responsables del descrédito en que ha caído toda la clase política a los ojos de la opinión pública.

En la medida en que la Justicia pueda actuar sin que nadie entorpezca su acción, y disponga de los recursos para reunir pruebas y emitir un fallo, podrá salvarse la credibilidad de la sociedad en sus instituciones y en los hombres y mujeres dedicados a la cosa pública.