Las reformas pendientes

Independientemente de la valoración que cada uno haga de la Reforma Tributaria y de la de la Salud, es innegable que ambas son el producto de una definida vocación del gobierno actual por introducir cambios radicales en la vida nacional. Se trata de dos áreas de particular relevancia que resultaba imperioso actualizar, reformar, modernizar, pues venían arrastrando carencias, vicios, inequidades y omisiones desde muchos años atrás.

Quedan aún por atacar otras dos reformas en otras tantas áreas sensibles del quehacer nacional: la reforma educativa y la reforma del Estado.

En cuanto a la primera, la del sistema educativo, recordemos que, a diferencia del sistema tributario y del sistema de salud –prácticamente intocados desde hacía muchos años–, la educación había sido objeto de varias reformas incluyendo la que llevó a cabo el régimen de facto. La más notoria fue la llamada “Reforma Rama”, impulsada bajo la segunda administración del doctor Sanguinetti, que contó con la oposición más o menos generalizada de los docentes; tuvo algunas virtudes e ntrodujo algunos cambios pero no atacó la raíz de los problemas que aquejan a la enseñanza en Uruguay.

Con buen criterio, el gobierno actual promovió un debate nacional lo más amplio posible sobre las reformas necesarias en el sistema educativo; llegó incluso a instalar instancias de discusión y de consulta a varios niveles. Pero ocurre que el tema es demasiado sensible, demasiado importante, y abundan las opiniones encontradas a propósito de los distintos aspectos que encierra.

Ha trascendido que el ministerio de Educación y Cultura, a través de su nueva titular, la ingeniera María Simon, ha entregado a la Presidencia un borrador de proyecto de ley que el Ejecutivo analizará con sus ministros. Los gremios docentes ya empezaron a manifestar públicamente sus discrepancias con dicho proyecto aunque el mismo no ha tomado estado público. Esto hace prever que la reforma del sistema educativo seguirá generando polémicas interminables. Los gremios de la enseñanza no tienen en cuenta de que, a pesar de que su reclamo de autonomía y cogobierno es legítimo, no se puede pretender una autonomía absoluta ni un cogobierno como el que rige en la Universidad de la República. No se puede torpedear a un gobierno que se propone la ambiciosa tarea de reformar el sistema educativo en serio, de modo de ponerlo definitivamente al servicio de los intereses del país y de los jóvenes que se forman en él.

En lo que respecta a la reforma del Estado, es en la OPP donde se está trabajando en el tema, y tampoco se han difundido los lineamientos generales. No obstante, cabe suponer que quienes están diseñando la reforma han de apuntar, como primer paso, a corregir ciertas patologías crónicas que padece la administración pública y que son por todos conocidas. Probablemente se impulsará la tan anhelada descentralización, de manera de promover no sólo una desconcentración de servicios, sino fundamentalmente una mayor participación del ciudadano y una relación más directa entre éste y la autoridad. Seguramente se dispondrán normas que agilicen los pesados trámites, simplificando papeleos innecesarios y racionalizando las gestiones.

Habrá que proceder, desde luego, a desburocratizar los servicios del Estado, tarea ésta especialmente compleja pues implica un cambio revolucionario en la mentalidad media de los funcionarios. Y en cuanto a éstos, será menester llevar a cabo una redistribución minuciosa sin alterar, obviamente, ni su carrera funcional ni sus estipendios. Del mismo modo, habrá que pensar en una adecuada formación de aquellos que aspiran a un empleo público y empezar por institucionalizar el concurso como único medio válido para ingresar como funcionario estatal. Asimismo, habrá que establecer los mecanismos idóneos para estimular la formación permanente y la superación del funcionario de modo de lograr la eficiencia y la aptitud, además de la honradez, de todo el funcionariado.

No será fácil cumplir con todas estas metas, pero no es imposible y hay que empezar cuanto antes.