En manos del engranaje político

Una vez más el gobierno del Dr. Jorge Batlle se enfrenta a pruebas importantes, verdaderos cruces de caminos donde las decisiones que se adopten tendrán enorme influencia en los destinos del país.

En la contingencia de que nos ocupamos hoy, es el destino de las grandes empresas públicas uruguayas –que a su vez son las más grandes empresas del país– lo que se estará decidiendo.

Nos referimos a la instancia del Senado de la República que examina, para aprobar o rechazar, las propuestas de venias del Poder Ejecutivo para la integración de los Directorios de los Entes Autónomos.

Todos sabemos de la importancia económica que tienen, en cualquier perspectiva de desarrollo, empresas como UTE, el Banco de la República, el Banco Hipotecario, Antel, Ancap, la Administración Nacional de Puertos, para nombrar algunas de las más importantes.

En la jornada de ayer, el Senado se ocupó de las venias para los ciudadanos propuestos para integrar el Directorio de algunas de estas empresas: la Corporación para el Desarrollo, el Banco de Seguros, el Banco Hipotecario y las Usinas Termoeléctricas del Estado.

Aunque no son todas, ya hay elementos para interpretar cuáles son los criterios elegidos por el gobierno para seleccionar a los jerarcas respectivos.

Contrariamente a lo que se había expresado públicamente en la campaña electoral, no fueron los criterios de idoneidad técnica los que han prevalecido.

Más bien, y una vez más, los aparatos político-partidarios impusieron sus intereses corporativos y el personal seleccionado forma parte de la corporación política de los partidos tradicionales.

Se ha reiterado una práctica que viene de atrás.

Incluso en el período previo al golpe militar de 1973, los propios golpistas hicieron caudal del argumento del virtual monopolio que los «políticos profesionales» ejercían sobre el gobierno de las grandes empresas del Estado.

A partir de 1973, y durante los once años que duró la dictadura, no actuaron los políticos pero las mismas motivaciones restringidas y sectarias prevalecieron en el momento de elegir a los Directores.

Sólo que en lugar de políticos profesionales civiles, el régimen de la dictadura eligió a políticos profesionales «militares».

Los mismos no dejaron de cometer ninguno de los errores y vicios que se atribuian a las conducciones civiles. Y agregaron otros: el secreto, las decisiones despóticas, el estilo prepotente en sus relaciones con los trabajadores y con los usuarios.

Algunos gestos políticos consistentes realizados por Batlle hicieron augurar a algunos observadores que, por fin, prevalecería un criterio de objetividad, de búsqueda del perfil adecuado en el campo de la experiencia técnica en cada una de las ramas.

Lamentablemente no ha sido así.

El régimen de cuotas, de cuidadosa distribución de parcelas de acuerdo a los distintos «grupos» o «aparatos de acción partidaria» ha terminado configurando una lista de candidatos al gobierno de las empresas extraída básicamente de esas esferas.

Con calificación técnica o no.

Con experiencia y buena gestión anterior en el organismo de que se trata o no.

Atención que no estamos diciendo que entre los nombres propuestos no surjan los de individuos que han demostrado capacidad y solvencia en el desempeño de tareas de gobierno y administración. Los hay. Como también los hay carentes de toda formación, salvo la de una «carrera política» más o menos fracasada.

El problema, más que los nombres específicos que se examinaron ayer, son los criterios de gobierno.

Si el elenco hegemónico no da señales de premiar a los más calificados, ¿qué efecto ejemplarizante se supone que tendrá sobre la sociedad civil, sobre los trabajadores de esas empresas u otras dependencias públicas?

¿Qué efecto se espera que tenga sobre los empresarios nacionales?

Nos animamos a intuirlo. El efecto será de desmoralización, de crecimiento de la desconfianza en las instituciones de la democracia.

De malestar con las modalidades de una acción política que no cumple con sus compromisos preelectorales y, pese a denunciarlos, comete los mismos errores que cometieron las administraciones que lo precedieron.