El principio de una etapa decisiva

Sobre el límite del tiempo disponible para enviar su último Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal capaz de otorgarle soporte presupuestal a las correcciones del plan de gobierno, el Presidente de la República y sus ministros han informado las características de este proyecto esencial.

Como ha sido usual en los años precedentes, el gobierno utiliza la oportunidad de la rendición anual de cuentas para ir ajustando un presupuesto que en 2005 fuera la plataforma sobre la que se bosquejó el financiamiento de cambios difíciles en escenarios muy inciertos aún. En tanto, aquel plan financiero y sus ajustes legislados en estas instancias han sido los pilares sobre los que se ha ido ejecutando y consolidando aquella pretensión inicial del cambio. Aquel presupuesto de 2005 diseñó un plan financiero que, luego, fue adquiriendo una dinámica desconocida para una evolución presupuestal en los tiempos en los cuales, la inflación controlada y relativamente baja, ya no cubre la realidad económica con un velo de opacidad debajo del cual se podía hacer cualquier cosa.

Es en este tiempo de estabilidad relativa y con este gobierno que las rendiciones de cuentas deben ajustar defectos o inconsistencias del proyecto original para mantener los equilibrios. Este gobierno ha entendido el valor de recaudar y gastar con previsibilidad y transparencia. En los tiempos de la inflación de dos dígitos o cercanas a los tres, la presupuestación de los servicios del Estado y el costo que debíamos pagar los ciudadanos por él era un arte de iniciados, de elites cuyos números, montos nominales o relaciones porcentuales nada le decían a en sí a la gente. Con inflación de dos dígitos crecidos la mala política evadía con facilidad la exigibilidad del orden presupuestal. En esas condiciones era relativamente comprensible que los administradores profesionales del gasto clamaran a sus ministros por clausurar la vía de la rendición de cuentas como una instancia de corrección presupuestal. El terror del incremento del gasto expuesto a los vaivenes de la mala política presuponía la ampliación del endémico déficit de las cuentas públicas y, en tanto, de la emergencia automática de impuesto inflacionario o el sobreendeudamiento público para poder pagar las cuentas más exigibles.

Ahora es diferente, el gobierno corrige un presupuesto de números reales, aunque subsista el riesgo inflacionario; ajusta el financiamiento de un programa que también sufre presiones tan o más fuertes de prácticamente los mismos sectores acostumbrados a especular con la debilidad de los gobiernos.

Veremos cómo funciona la reedición del juego en los próximos meses con la transparencia que supone trabajar y discutir sobre números reales. Ojalá sea posible informar ese proceso con las exigencias que presupone esta instancia para un medio de comunicación. De hecho, ya estamos haciéndolo en la selección, la jerarquización y el análisis de los primeros números y opiniones. Importa saber que sentimos esa tensión de informar una demanda sectorial, generalmente justa en su fundamento racional, y esa defensa de la estabilidad fiscal que esgrime con racionalidad y responsabilidad nacional el Poder Ejecutivo.

Todos nos podemos equivocar en esa conciliación entre la racionalidad y la razonabilidad con el cual generamos una demanda, redactamos un proyecto de ley, lo discutimos y votamos y, por último lo informamos y comentamos. Lo que no se puede hacer es especular aviesamente con esa dificultad de conciliar los intereses públicos y privados.

El resultado de esa especulación es criminal. Se sobrepone a los resultados de las políticas provocando una confusión que mina la reconstrucción de la confianza como la única fortaleza y riqueza que en la modernidad puede ostentar un país digno.