A firmar la democracia

Escrito por: Por Gabriel Seré - Analista

El Frente Amplio ha resuelto impulsar la consulta popular sobre la Ley de Caducidad a pesar de tener los votos en el Parlamento para anularla sin mas trámite. El motivo por el cual el Frente Amplio no recurre a sus mayorías parlamentarias en este caso, obedece a que en su momento la fuerza política resolvió en diciembre del 2003 ­año preelectoral­ no incluir la anulación de la Ley en su programa de gobierno y en cambio aplicar bien ­como nunca se había hecho hasta entonces­ el artículo 4° de dicha Ley.

No hay en el país ninguna fuerza política que supere al Frente Amplio en la defensa de la paz, de la justicia y de la igualdad. Desde su fundación, el Frente Amplio ha luchado por la defensa de los derechos humanos y por la instalación de una cultura democrática sustentada en la paz y en la justicia social. Muchos de sus militantes dieron la vida por esta causa y miles han sido presos y torturados durante la dictadura. Para el Frente Amplio, anular la Ley de Caducidad significa profundizar el proceso democrático y devolverle a la justicia su plena autonomía para investigar lo ocurrido, terminar con la impunidad y sacar de la historia de este país un precedente peligroso para las futuras generaciones.

Abstenerse de anular la Ley de Caducidad en el Parlamento supone para el Frente una decisión dura y difícil. Sin embargo el gobierno ha entendido que los compromisos electorales están para ser cumplidos aun cuando desde hace 20 años la anulación de la Ley ha sido una de las banderas de la izquierda. Es por eso que en aras de afirmar una nueva ética política el Frente Amplio ha resuelto no imponer sus mayorías en el Parlamento y en cambio apoyar una campaña que le devuelve al pueblo, que es el soberano, la posibilidad de pronunciarse contra esta Ley, ahora sin miedo ni amenazas.

Nunca en la historia del Uruguay un gobierno se ha apegado tan firmemente a su compromiso con la ciudadanía demostrando que es posible conciliar la ética con la política, reafirmando así valores esenciales para la profundización democrática.

La anulación de la Ley de Caducidad será plebiscitada dentro de un año y medio, no por decisión de este gobierno sino porque ciudadanos militantes de todos los partidos políticos entienden que el tiempo de esta Ley debe terminarse. Su existencia durante todos estos años ha mantenido irresoluble un tema fundamental para la convivencia democrática, como es la igualdad de todos ante la Justicia.

Para cerrar el capítulo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es necesario sacar el tema de la agenda político-partidaria, dejando que el Poder Judicial recupere su plena autonomía para investigar, juzgar y para avanzar en lo que se pueda recuperar de memoria y verdad. A 25 años de la recuperación democrática, y con todo lo que se ha avanzado en materia de conocimiento de lo ocurrido, no puede haber nadie dispuesto a proteger a criminales de lesa humanidad.