La embestida que no cesa

Desde marzo de 2005 hemos asistido –luego de un brevísimo lapso de paz– a una estrategia opositora basada en el ataque sistemático al nuevo gobierno y sus planes y proyectos.

Junto a la machacona prédica de la prensa conservadora –aliado consuetudinario de la derecha–, desde el Parlamento, blancos y colorados asumieron su papel de partidos opositores y se encargaron de poner piedras en el camino y palos en las ruedas, con el propósito de entorpecer la marcha del gobierno y desprestigiarlo a los ojos de la opinión pública.

Como nunca antes, debieron desfilar varios ministros ante las cámaras legislativas para responder a cuestionamientos más o menos traídos de los pelos, en un juego lamentable de política barata en el que los partidos del llano pretendían –sin éxito– obtener réditos electorales.

Pero es claro que fue después de aprobada la Reforma Tributaria que blancos y colorados hallaron el blanco más adecuado a sus propósitos y centraron sus baterías en el impuesto a la renta de las personas físicas. Fue así que declararon solemnemente su intención de derogarlo en cuanto volvieran al gobierno y, paralelamente, iniciaron las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Merced a que la mayoría de este órgano del Poder Judicial se expidió dando la razón a la tesis de la inconstitucionalidad del IRPF a las pasividades, la oposición política conformada por las dos viejas colectividades tradicionales pudo anotarse su primer triunfo en su guerra contra el gobierno.

Esa primera batalla ganada obligará al gobierno a rever el tributo en cuestión y a buscar una salida político­tributaria al callejón en que ha quedado el nuevo sistema impositivo. Pero, además, parecería que este triunfo opositor ha envalentonado a los partidos históricos de modo tal que, después de un periodo de relativa calma, han recrudecido las andanadas opositoras.

Los legisladores blancos y colorados (legisladores nacionales y departamentales) empiezan a redoblar sus disparos. La semana pasada mostró dos episodios que avalan lo que afirmamos. En el Senado de la República se dio ingreso a varias solicitudes de venia enviadas por el Ejecutivo para llenar vacantes en los Directorios de varios entes del Estado. Tal circunstancia fue el disparador para que el Partido Nacional hiciera un prolijo relato de los vaivenes y de las dificultades que surgieron para que esa colectividad política integrara entes y organismos estatales.

Reaparecieron viejos reproches y acusaciones con los cuales el Nacionalismo pretendió justificar su voto negativo a las venias solicitadas. Esa actitud, casi como si obedeciera a un resentimiento pueril, sólo tiene el efecto de diferir los nombramientos propuestos postergándolos hasta dentro de 60 días.

Dentro de dos meses, el Ejecutivo podrá reiterar los pedidos de venia y estas se otorgarán por mayoría simple, con lo cual los nombres propuestos la semana pasada serán aceptados ya que no se requieren mayorías especiales. Cabe concluir, entonces, que el único objeto que perseguía la oposición al negar sus votos para las venias era el de entorpecer la acción del gobierno.

Y si del Senado pasamos a la Junta Departamental, diremos que ya se han hecho casi un hábito los llamados a sala al intendente Ehrlich. Mientras los nacionalistas quieren inquirir sobre los aforos y los nuevos valores de la Contribución Inmobiliaria, los colorados se proponen indagar sobre la patente de rodados.

Nada de esto es ilegal ni inconstitucional. Todo está dentro del marco jurídico que el país se ha dado. Pero lo que sí queremos destacar es la actitud poco constructiva de la oposición que, en su afán por ganar puntos frente al electorado, recurre abusivamente a mecanismos que entorpecen la tarea del gobierno y no procuran ningún beneficio al país.