El precio de una huelga agraria contra el pueblo

Bastaron 21 días de huelga agraria para que Argentina tenga que enfrentar pérdidas por unos 300 millones de pesos (95 millones 240 mil dólares) por cada día hábil del paro.

Todos los argentinos pagarán esa injusta acción de terratenientes, hacendados y productores que obligaron al pueblo a resistir una prolongada carestía de alimentos y altos precios. Las consecuencias del paro contra el gobierno de la presidenta progresista Cristina Fernández, convocada por cuatro entidades rurales desde el pasado 13 de marzo, en rechazo a impuestos a las exportaciones de granos, se sintieron en todo el país. Las consecuencias por la protesta asustan: 1,3 millones de pollos recién nacidos fueron sacrificados, millones de litros de leche se tiraron como agua, un camión volcó en la carretera una tonelada de naranjas como protesta y otras dos de mercadería se desperdiciaron al llegar en mal estado al Mercado Central de Buenos Aires.

La responsabilidad por estos desastres recae en la oligarquía agraria, más aún cuando quienes bloquearon rutas sabían que impedían el paso de camiones con alimentos y materias primas para la gente. En todo momento buscaron un violento impacto en la sociedad argentina. La pérdida económica para el hermano país equivale casi exactamente a lo que el gobierno tenía previsto gastar durante dos años para compensar la agroindustria por el alza de los precios internacionales: unos dos mil 350 millones de pesos (cerca de 750 millones de dólares). Una consultora precisó que de 300 millones de pesos en pérdidas, la industria dejó de percibir cerca de 80 millones por día (poco más de 25 millones de dólares) y el transporte 212 millones (69 millones de dólares). Sobre el sacrificio de aves, productores avícolas argumentaron que fue necesario ante la imposibilidad de sacar los pollos de las granjas y la falta de maíz y soja para los mismos.

El paro agrario afectará la reproducción de pollos en los próximos seis meses, al frenar un proceso de desarrollo e inversión que hasta hace poco era orgullo de los argentinos. Respecto a la distribución de lácteos, el secretario de Relaciones Institucionales y Comunicacionales de la compañía SanCor, Sergio Montiel, reconoció que por el paro resultó totalmente detenida y alertó que se está rompiendo la cadena de pagos. Mientras el secretario general del Sindicato de la Carne, Silvio Etcheún, denunció que como consecuencia de la inactividad registrada en el campo, más de 50 mil obreros fueron enviados a sus casas en todo el país. Alegó que en el comienzo de la protesta, las empresas recurrieron al adelanto de vacaciones pero luego, tanto las de consumo como las de exportación, procedieron a la suspensión de los trabajadores. Por la falta de carne, según grandes cadenas, los supermercados perdieron unos 300 millones de pesos argentinos. Fueron afectados, ante la no circulación de camiones, productores y comerciantes fruti-hortícolas y avícolas, empresas de transporte, minoristas, industrias, exportadores y frigoríficos.

Para el diario El Cronista Comercial, el costo del paro agropecuario superó los cinco mil millones de pesos (unos mil 583 millones de dólares), más de lo que el ministro de Economía, Martín Lousteau, pensaba recaudar con el aumento de las retenciones. Estimaciones de la publicación aseguran que ese monto equivale al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se deduce al calcular el valor de la producción diaria perdida por los cortes de ruta para el agro, el transporte, la industria y el comercio, todos afectados en mayor o menor medida.

Otros costos aflorarán para Argentina, incluso algunos aún sin conocerse, como las demandas judiciales contra empresas exportadoras por no poder entregar a tiempo su mercadería en el exterior. El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina, Alberto Rodríguez, denunció que cada uno de los 75 buques que no cargaron granos tiene un costo de unos 70 mil dólares diarios. Desde el inicio de la huelga, debían embarcarse en total 2,2 millones de toneladas entre granos, aceites y harinas.

Las mismas organizaciones que se jactaron de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lock out patronal en febrero de 1976, el mes previo al golpe de Estado. Huelgan los comentarios y las culpables son los oligarcas terratenientes.