El sentimiento solidario

Aquí no voy a hablar, líbreme Dios, de los aspectos técnico-jurídicos. Ni de la actitud a todas luces impresentable del ministro Rodríguez Caorsi, porque el Ñato Huidobro ha dicho lo que se merece. Ni de la ministra que se apresura a firmar antes de que suene la campana. Ni del medio millón largo de dólares que se embolsa el abogado caganchero de los privilegiados militares sin tope. Ni de que el principal impugnador colorado impulsó en 1972, siendo ministro de Bordaberry, una ley con IRPF a las pasividades. Ni del escándalo de las filtraciones que no se investigan porque los involucrados tendrían que hacer un ejercicio de introspección (se parece a aquel cuento de que en un pueblito le encomendaron investigar los sucesivos robos de gallinas al único policía… que resultó ser el ladrón). Tampoco de que la presunta mayoría de 3 a 2 no es tal porque el presidente Ruibal Pino, que dio el voto decisivo junto al redactor de la sentencia y a la ministra citada, impugna los considerandos III, IV y V que constituyen la mitad del dictamen. O sea que hubo en realidad dos votos y medio para cada lado. Empate, negativa.

Sobre el fondo del asunto, el mejor comentario lo hizo el ministro Leslie van Rompaey, con sintética precisión: «La Corte incursiona en cuestiones atinentes a políticas de gobierno, específicamente en el ámbito del diseño del sistema tributario, excediendo sus facultades constitucionales». Subrayo el final: la Corte desbordó el ámbito de sus competencias. El ex presidente de la SCJ, Gervasio Guillot, dice que invadió la esfera de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo cual es de gravedad inusitada por tratarse de otro poder del Estado.

No es en estas miserias que quiero detenerme, sino en destacar el espíritu solidario del pueblo uruguayo. Un lector de LA REPUBLICA escribe: «No deja de asombrarme el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el impuesto a las pasividades. Soy un jubilado de tres Cajas y a mí me están descontando $5.800 más de lo que me descontaban anteriormente. A mí me parece que eso está bien, que es justo, que los que cobramos más jubilación paguemos más que los que cobran menos».

Esta es la opinión de una jubilada: «El senador Breccia dice que creía que había muchos jubilados a los cuales se les descontaba el IRPF y que estaban de acuerdo con ese descuento. Quería sumarme a eso. Soy jubilada y no cobro 200 mil pesos por mes, sino 28 mil, pago el IRPF pero estoy conforme con pagarlo y pienso que como yo debe haber muchos jubilados que son solidarios con esto».

Esta tercera carta es aún más incisiva. Dice así: «¿Dónde se puede recurrir frente a una discriminación? Supongo que la respuesta correcta es: a la Justicia. Pero ¿si es la propia Justicia la que me discrimina? Tengo el derecho y el deber de participar plenamente en el ejercicio democrático de esta sociedad a la cual pertenezco y en la cual me realizo. Precioso, ¿no? Pero hete aquí que tres conciudadanos, cuyo sueldo contribuyo a pagar, y que esta democracia por sus condiciones técnicas promovió a altas responsabilidades, me niegan la posibilidad de contribuir económicamente para mejorar la situación de los demás. ¿Qué argumento ético existe para discriminarme por el simple hecho de cobrar una jubilación que ronda los 50 mil pesos?».

Hace algunas semanas, cuando recién se comenzaba a hablar de este tema, concurrió a mi Comité de Base de la coordinadora A una señora que yo no conocía, jubilada creo que de un alto cargo de la enseñanza. Explicó que le iban a descontar varios miles de pesos más por el IRPF, que ello le parecía de estricta justicia y que iba a pagar con gusto. Su argumentación, expuesta con vehemencia y razonada convicción, nos conmovió. «Durante toda mi vida ­dijo­ luché por un mundo solidario, por una sociedad más justa. Defendí siempre esos ideales. ¿Acaso voy a renunciar a ellos ahora, precisamente ahora, cuando estamos luchando por un Uruguay más justo y fraterno?».

Ese es el fondo de la cuestión.