El prestigio de las instituciones, en entredicho

Probablemente el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia será recordado como un hito sombrío en la historia del sistema judicial uruguayo. No nos referimos exclusivamente a la injusticia intrínseca que conlleva la decisión de la mayoría del supremo órgano del Poder Judicial. En nuestro editorial del pasado viernes sosteníamos que la Justicia había fallado pero que esa decisión implicaba una falla de la justicia como valor.

Ahora queremos hablar de la discrepancia observada al interior del máximo tribunal de Justicia, así como de los trascendidos de prensa y de todo lo que rodeó el fallo judicial. Estamos hablando de los desbordes verbales de algún ministro que no sólo permitió que trascendieran las discusiones internas y la posición mayoritaria, sino que, además, se extralimitó al brindar posteriores declaraciones a la prensa en las que desnudó una situación de tirantez entre los miembros de la SCJ. Leyendo los considerando de una y otra posiciones se advierte claramente la disparidad de criterios reinante al interior de la corporación.

En efecto, pocas veces como ahora se ha podido palpar en toda su crudeza la tan conocida expresión tan recurrente en temas de derecho que alude a opiniones encontradas: “sobre el tema, hay dos bibliotecas”.

Esta aseveración ­convertida en un lugar común o en una frase hecha–se explica (o se justifica incluso) en asuntos que tienen que ver con postulados de la filosofía del derecho. Pero en el caso concreto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un impuesto a las pasividades no debería haber dos opiniones; y entendemos que la opinión de la mayoría de los ministros de la Corte aparece como traída de los pelos.

La argumentación de los tres ministros en mayoría surge de una interpretación caprichosa y casi retorcida de las normas y de los principios generales del derecho. Porque en definitiva, concluir que el IRPF a las pasividades es violatorio del artículo 8 de la Carta Magna resulta sorprendente, y cuesta seguir el hilo del razonamiento que lleva a dicha conclusión.

Este hecho ­sumado al circo mediático previo debido a la imprudencia de un funcionario–no hace sino extender un manto de lamentable desprestigio sobre uno de los poderes del Estado, y afecta la credibilidad de las instituciones. El propio informe en minoría de los doctores Van Rampaey y Gutiérrez habla claramente de una extralimitación de las facultades de la Corte, de un “desborde que afecta la esencia del Estado de Derecho”.

El asunto es demasiado grave como para tratar de contentar a la sociedad mediante el recurso de las dos bibliotecas. Y si a ello sumamos las infelices e inoportunas declaraciones de uno de los ministros de la mayoría, acusando a los dos ministros discordes de haber enlentecido el trámite, tenemos un panorama francamente preocupante.

En un Estado de Derecho debe existir un delicado equilibrio entre los tres poderes del Estado y, además, las instituciones deben preservarse en su credibilidad, en su prestigio y en la seriedad con que actúan. La mayoría circunstancial de la Suprema Corte de Justicia ha errado desde el punto de vista jurídico y ha dado una imagen pésima a la sociedad.

La semana próxima se dará a conocer el segundo fallo referido a la acción emprendida por un millar de militares en retiro. Todo hace suponer que los miembros de la Corte mantendrán su criterio, con lo cual se habrá dado un paso más hacia la restauración oligárquica.