¿"Genera un clima de incertidumbre jurídica"?

El pasado martes las autoridades de la Comisión que impulsa la realización de un referéndum contra trece artículos de la Ley de Urgencia hicieron entrega en las oficinas de la Corte Electoral de un número importante de firmas.

Los guarismos alcanzados duplican fácilmente las 48 mil firmas requeridas de acuerdo a las normas actuales para transponer el primer paso de una consulta popular.

El hecho es por sí mismo auspicioso. Revela la existencia de un área social con opiniones propias y vitalidad, con reflejos rápidos y capacidad de acción cívica inmediata.

Son todos atributos esenciales de una sociedad democrática.

Hay en este movimiento por un lado una oposición sustantiva, que remite a algunos aspectos de la Ley de Urgencia aprobada por el Parlamento en junio del año pasado.

Son los artículos que se refieren a la posible privatización de la operativa en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, la posible utilización de las vías férreas por empresas privadas, la reforma para Conaprole, las nuevas normas que regulan el funcionamiento de las AFAPS, la fijación por parte del Poder ejecutivo de normas sobre los gastos de funcionamiento en las empresas del Estado, el traspaso a UTE desde las Intendencias del servicio de alumbrado.

Todos estos artículos fueron objetados por los legisladores progresistas en su breve pasaje por ambas cámaras parlamentarias.

En líneas generales no se ha compartido la inclinación marcadamente privatizadora de las orientaciones de fondo que evidencian los artículos impugnados.

Cumplido este primer paso, y de confirmarse por parte de la Corte Electoral que se han alcanzado las cifras, será convocada la ciudadanía para que se pronuncie sobre la realización o no de un referéndum anulando los mencionados artículos.

En esta segunda instancia se necesitará el voto del 25% del padrón electoral, es decir, alrededor de 600 mil voluntades.

Como se puede apreciar, los ciudadanos que utilizan el recurso previsto en el Capítulo III, artículo 79 de la Constitución de la República deben regular su accionar cívico de acuerdo con las normas sancionadas en junio pasado, con la enérgica oposición de la bancada de senadores del Frente Amplio-Encuentro Progresista, que incluso abandonó la sala en señal de protesta por la intransigencia de blancos y colorados por sancionar, sin discutir, la nueva norma.

Dicho de otra manera, el recurso que ahora se emplea es en los plazos y porcentajes fijados por los legisladores del gobierno.

Aun inscrito en la Constitución y en la Ley, el recurso molesta a los hombres de pensamiento conservador.

Así el Vicepresidente de la República, Profesor Luis Hierro López, ha declarado públicamente que «lo que vemos con preocupación es que todas las iniciativas son recusadas y esto genera un clima de incertidumbre jurídica que no coincide con la necesidad de un país que está reclamando inversiones».

Creemos que se equivoca el Vicepresidente de la República.

Actuar en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales apelando a mecanismos de democracia directa no puede nunca generar «incertidumbre jurídica».

Sostener lo contrario es endilgarle esos «atributos» a la Constitución y a la Ley que los partidos en el poder han impulsado.

La existencia de disposiciones constitucionales que regulan la acción cívica contra las leyes o artículos de las leyes, al abrir paso a una legitimación amplísima de las normas, con el llamado a pronunciarse de toda la ciudadanía, lejos de restar certidumbre al orden jurídico lo fortalece.

Lo fortalece, justamente, con la posibilidad de que las normas sean objeto de un examen exhaustivo, de un debate de toda la comunidad.

Por otra parte, la recurrencia al eventual alejamiento de los ya míticos, exigentes, escurridizos «inversores» se va convirtiendo, en expresiones conservadores como las que realiza Luis Hierro, en una especie de «espada de Damocles» sobre la cabeza de la ciudadanía.

Cada decisión cívica tendrá así, como amenaza latente el riesgo que al «inversor» no le agrade o le dé miedo.

Llevada hasta las últimas consecuencias, la lógica de Hierro tiene una conclusión de hierro: el ejercicio de la soberanía puede resultar riesgoso.

En este referéndum o en la próxima elección presidencial.

Un pensamiento así ¿no termina por sugerir que lo mejor es abandonar el ejercicio de la soberanía?

El pensamiento conservador lleva siempre en su seno el reflejo antidemocrático.