Un riesgo político

En la tarde de hoy, apenas abiertos los mercados financieros y bursátiles de la región, tendremos una medida de la confianza que el gobierno uruguayo ha logrado acumular dentro y fuera de fronteras. Con la actividad económica regularizada luego del feriado en Uruguay y Brasil, comenzaremos a sentir los impactos de la crisis de los mercados centrales, que en los dos primeros días de la semana ha vuelto a precipitarse.

El viernes ya tendremos seguramente una idea más clara respecto a las variaciones que la crisis externa imprimirá en el programa económico y financiero del año.

Ya se ha aceptado y comunicado que el impuesto inflacionario será un poco mayor al previsto en el programa de diciembre. Seguramente se intentará recortar el gasto presupuestado para mantenerlo, al menos, en línea con la disminución de la actividad que se prevé.

Por el contrario, es probable que el gobierno mantenga la meta de crecimiento de la recaudación real de los impuestos internos en la línea actual, o sea, medio punto por encima del crecimiento real.

Pese a ser significativas, esas y otras variantes de ese tipo no deberían alarmar a nadie sino, por el contrario, deberían generar un plus de confianza en la responsabilidad de la administración frenteamplista.

Lo más difícil será, a partir del conocimiento de los ajustes que el gobierno ha de introducir en las metas y las políticas, entender el vínculo que tendrán esas decisiones con la continuidad y profundización del programa del cambio.

Seguramente el gobierno tendrá la precaución de publicitar esos ajustes en atención a las enormes expectativas que ha generado la posibilidad real de completar y asegurar las principales reformas en ejecución.

De allí que algo diferente a la exposición tradicional de un ajuste más debería haber en la explicación del equipo económico y del propio presidente en ocasión de divulgar esos anuncios.

Frente a circunstancias adversas, los gobiernos consideran casi natural pedirle a la gente sacrificios y postergación de expectativas de mejoras de corto plazo.

Este gobierno se enfrentará al desafío de tener que pedir ese sacrificio de expectativas de corto plazo en aras de garantizar que los cambios estructurales serán preservados. Es su derecho y su obligación. Y deberá ser especialmente cuidadoso.

Pese a lo cual, aun cumplido el requisito, es natural que esas circunstancias sean utilizadas en el juego menudo de la política partidaria ya embarcada en el extenso escenario preelectoral que caracteriza a este país.

Ese juego no reconocerá ya las fronteras del oficialismo y la oposición.

Buscará articularse con la incomodidad comprensible que causan los cambios fuertes y, particularmente, los ajustes del programa activarán la disconformidad existente en quienes han de pagar facturas de la DGI relativamente elevadas en los próximos meses.

En tanto, o la izquierda entiende y defiende en su conjunto los ajustes que el gobierno ha de comunicar, o el país ingresará en un escenario que además de complicado de administrar económicamente será muy riesgoso políticamente.