Sordo… pero de un oído

José Luis Sampayo Pírez

Los primeros seis artículos de la nueva Ley de Urgencia, contienen una repetida intención de los últimos tres gobiernos y que significa hacer desaparecer los aportes patronales al sistema de Seguridad Social. Si bien es muy grave para el sistema la profundización de su desfinanciamiento, no lo es menos el argumento utilizado por el Poder Ejecutivo, que persiste en proclamar ello como medida de incentivo a la creación de puestos de empleo. Podríamos creer en esa intención si los hechos repetidos nos hubieran demostrado, aunque fuera por una sola vez, que la rebaja de aportes patronales fomentó el aumento de los puestos de trabajo. Sin embargo, cada vez que se operó este mecanismo, por la vía del decreto o la ley, funcionó al revés. Lo que subió fue el desempleo.

Por lo tanto, las repetidas rebajas de aportes patronales quitados al sistema y que aumentan la asistencia financiera del gobierno por parte de Rentas Generales, fueron a parar a los bolsillos o las cuentas bancarias de las patronales y han incrementado su capacidad lucrativa.

Ya otras veces hemos escrito sobre la base de sustentación del sistema de Seguridad Social, su nacimiento, su filosofía y la obligación lógica de quienes están involucrados. A la inversa de lo que opina el gobierno y por ende la prensa del poder en sus columnas y editoriales, sostenemos que el aporte patronal es parte del salario y no es un impuesto al trabajo como lo quieren hacer ver. El trabajador entrega lo mejor de su capacidad física o intelectual por una paga que en la mayoría de los casos es insuficiente para asegurar las contingencias o riesgos de incapacidad, invalidez y vejez para él y su familia. Por lo tanto, lo más lógico es que, quien maneja una inversión procurando multiplicarla, se haga cargo de una parte de lo que es considerado el costo humano de la inversión. El trabajador es un ser y no una herramienta. La eliminación del aporte patronal es un retroceso confirmatorio de la explotación del hombre por el hombre.

Los detractores del sistema de Seguridad Social no es que no quieran pagar aportes: no quieren pagar nada. Cuando una cámara o entidad empresarial pega un grito, su eco se escucha de inmediato por las Avenidas Luis A. De Herrera y José Pedro Varela. Allí el septuagenario presidente encuentra su musa inspiradora y florecen leyes de urgencia. Se moviliza el canciller, el ministro de Industria y Comercio y hasta bailan al compás diputados y senadores que utilizan los medios masivos para «ayudar». No debemos olvidar que aún existe un llamado Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo titular, según parece, hace nueve meses está meditando sobre la forma de llegar algún día a concertar un «diálogo social». Cuando a los trabajadores se les rebaja el sueldo, se les despide masivamente, se les liquida el sistema de Seguridad Social, no vemos que a ninguno de estos «actores» políticos se les «mueva un pelo».

En realidad era esto y no otra cosa lo que esperábamos trabajadores, jubilados y pensionistas. La concepción de gobierno que se aplica es la que nunca ha ocultado el hoy primer mandatario, aunque es llamativa la incapacidad para alcanzar alguna alternativa al hundimiento del país productivo, a que la gente tenga donde asirse cuando es cercada por tanta miseria, a la que no estábamos acostumbrados. Pareciera que la campaña electoral agotó la creatividad y dio paso a la ejecutividad de cerebros grises y vacíos de ideas.

Mucho de este Uruguay está deshecho. Los grandes intereses de la gente poderosa, que es poca, priman ante la necesidad de los que menos tienen, que son muchos. No estamos tranquilos al contemplar la asiduidad con que se distribuyen los premios siempre a los mismos favorecidos. La rebaja de aportes patronales incrementa la asistencia financiera al Banco de Previsión Social de parte del Estado y por lo tanto, lo que dejan de pagar las patronales, lo pasamos a pagar entre todos, con el lógico peso más gravitante para las clases de menor poder económico, sin capacidad de ahorro ni inversión y que componen los trabajadores, los jubilados y los pensionistas. El gobierno apunta a que el sistema sea financiado solamente por uno de los tres componentes del mismo, patrón, trabajador, Estado, hecho imposible históricamente y más aún actualmente, cuando la relación activo-pasivo está casi a la par.

También en esto tienen su cuota parte de culpa las organizaciones sociales, que olvidan muchos aspectos significativos. Si bien el salario es fundamental en la vida del trabajador, el sistema de Seguridad Social es el complemento y respaldo, dándole tranquilidad en las contingencias de enfermedad, desempleo, jubilación, pensión, etcétera. Sin embargo, el gobierno deshace en forma permanente ante la pasividad de quienes deberían tener una participación más activa frente a los que levantan su mano obsecuente sancionando leyes que tanto daño hacen.

* Columnista