Agricultura sin campesinos

Observando las realidades del mundo rural de nuestro planeta se puede llegar a una conclusión repetida y válida: parece que no existe espacio ni futuro para las pequeñas unidades familiares campesinas que alimentan directamente a más de la mitad del mundo.

Mayoritariamente las políticas globales y las políticas locales han definido e imponen, bajo los paradigmas neoliberales, un modelo de agricultura basado en modelos intensivistas capaces de producir grandes cantidades de alimentos con muy pocas manos participando en su siembra, cultivo, crianza, producción, etcétera, orientados hacia los mercados internacionales, hacia la exportación, donde la riqueza generada no revierte en el campesinado. El fenómeno de la aniquilación del campo sabemos que no es nuevo y que en momentos históricos pudo ser asimilado. Como en España, cuando en pleno desarrollo industrial existía una industria capaz de absorber a muchos de estos agricultores sin futuro. Pero esta situación no es la que se da actualmente en las naciones empobrecidas del sur con la mayoría de la población viviendo en el campo. Cuando llegan a las ciudades sólo les esperan los bolsones de pobreza.

Frente a estas posturas casi dogmáticas tenemos desde hace más de 10 años una propuesta alternativa que enfoca la lucha contra la pobreza a partir de la defensa de la agricultura familiar a pequeña escala, que se reconoce bajo la bandera de la soberanía alimentaria. Soberanía en tanto que defiende el derecho de los pueblos a poder definir sus directrices agrarias centradas en la defensa y promoción del aparato productivo nacional (como decía una dominicana, «mientras un pueblo pasa hambre no tiene lógica alguna exportar nada»). Y alimentaria, porque promueve una producción agraria basada en modelos agroecológicos que se demuestra no sólo son los únicos compatibles con el futuro de un planeta en crisis ambiental, sino también los más saludables, los más eficientes en cuanto a producción de alimentos, y en los que la riqueza se distribuye con verdadera justicia.

Para acercarnos a este nuevo paradigma hay que romper las reglas del juego que funcionan en la actualidad bajo una lógica mercantil, que sólo son generadoras de desigualdades, y abordar la temática desde el reconocimiento de un sistema de derechos humanos y un conjunto de políticas activas. Frente a la privatización de los bienes fundamentales para la producción de alimentos ha de prevalecer el derecho al acceso a la tierra, al agua y a las semillas que harán posible otro derecho humano vital: el derecho a la alimentación.

Las políticas agrarias, forestales y pesqueras deberán enfocar muy lejos del actual modelo de apoyo a las agroindustrias, para defender y promover la pequeña producción campesina familiar y asegurar el control local de los procesos de transformación, distribución y comercialización de los alimentos para que salgan reforzadas las redes del mercado local y de temporada.